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Los Mossos presentan a la Justicia el informe de sus actuaciones en el 1-O

Foto: RAFAEL MARCHANTE
Reuters

Los Mossos d’Escuadra han presentado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el informe que recoge las actuaciones realizadas por este cuerpo policial para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y de Fiscalía en relación con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado declinar su competencia a favor de los juzgados de instrucción de Barcelona y ha citado nuevamente a declarar el próximo lunes 16 al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Traperoy a los presidentes de la Asamblea Nacional y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Según el comunicado oficial de los Mossos, las gestiones policiales que llevaron a cabo para dar cumplimiento a las órdenes fijadas en el auto del TSJC y de Fiscalía comportaron que antes del día 1 de octubre acreditaran más de 6.700 actuaciones en los locales donde se tenía conocimiento de que se podía estar realizando alguna actividad relacionada con el referéndum suspendido.

Estas más 6.700 actuaciones incluyen 2.240 actas de advertencia hechas durante el día 27 y 28 de septiembre y más de 4.450 actos y minutas policiales confeccionadas los días 29 y 30 de septiembre después de que efectivos de mozos se desplazaran hasta los locales de votación. “Allí el objetivo era comprobar si los locales estaban abiertos o cerrados, averiguar si se estaba haciendo alguna actividad de preparación del referéndum suspendido y/o hacer salvedades relativas a la prohibición de realizarlos y que debían desalojar los locales antes de las 6:00 horas del 1 de octubre”, se puede leer en el comunicado de la Policía autonómica.

El mismo día 1 de octubre los agentes custodiaron 297 centros de votación que no habían llegado a abrir después de las advertencias hechas por los Mossos. Estas advertencias hacían referencia a la prohibición de utilizar el local para hacer ningún tipo de actividad de preparación y ejecución del referéndum suspendido. Asimismo, el día 1 de octubre los policías detuvieron la actividad de votación que se estaba haciendo en 99 centros de votación, decomisaron más de 400 urnas en 141 centros, papeletas de votación, documentos relacionados con el censo, material informático que se encontraba en algunos de los centros, así como documentación diversa relacionada con la preparación de alguna de las mesas electorales.

Por tanto, según los datos de los Mossos, se impidió la votación a un total de 446 centros de votación repartidos en: 297 centros que no abrieron y que fueron custodiados desde primera hora de la mañana para asegurar que nadie accediera; y 149 centros en los que, o bien se detuvo la actividad de votación o bien sin lograr detener del todo esta actividad sí se decomisaron urnas antes de la hora prevista del cierre de locales.

“Cabe destacar que en aquellos centros donde no se pudo impedir la votación fue por la gran cantidad de personas que había y por el hecho que proceder al cierre efectivo hubiera comportado un uso de la fuerza que podía haber generado un daño superior al que se pretendía evitar y, que con toda seguridad, hubiera resultado imposible de ejecutar siguiendo los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad”, informan los Mossos.

El dispositivo que se llevó a cabo durante toda la jornada del día 1 de octubre para dar respuesta a las órdenes dadas por el TSJC conllevó la movilización de 7.850 agentes y se pidió apoyo a las policías locales que aportaron cerca de 500 efectivos el dispositivo.

Coordinación con los otros cuerpos policiales

En relación con la coordinación con otros cuerpos policiales, los Mossos han asegurado que definieron su dispositivo ajustándose a los criterios establecidos en las reuniones de coordinación celebradas los días 25, 28, 29 y 30 de septiembre en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña con el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y los mandos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

El objetivo de todas las reuniones celebradas previamente al día 1 de octubre era compartir la información que tenían los tres cuerpos policiales sobre el desarrollo de la jornada de votación y establecer un dispositivo en el que los tres cuerpos dieran respuesta a la auto emitido por el TSJC.

Dado el elevado número de centros de votación (2.294) se acordó que fueran los Mossos quienes se encargaran de garantizar una presencia mínima de dos agentes en todos y cada uno de estos centros. Asimismo, se descartó conjuntamente una actuación de más presencia en la totalidad de los locales porque esto habría requerido un número de policías totalmente inalcanzable. “En todas las reuniones las informaciones que se compartieron iban en el mismo sentido: habría una alta movilización ciudadana de carácter pacífico y, en el caso de actuación de la policía, de resistencia pasiva.” Nunca se habló de resistencia activa ni de grupos que, de manera organizada, estuvieran planeando acciones violentas contra la policía.

Por su parte, las unidades de orden público debían estar a reacción, sin estar presentes inicialmente en los centros de votación. Esta reacción debía recaer, mayoritariamente, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y siempre debía ser a requerimiento de los Mossos. El coordinador del dispositivo anunció que esta reacción correspondería al Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil en función de sus antiguas demarcaciones, aquellas en las que operaban antes del despliegue de los Mossos.

“Tal y como se había fijado en estas reuniones, alrededor de un cuarto de la mañana del día 1 de octubre y tras constatar en muchos casos que las dotaciones uniformadas de Mossos presentes y las requeridas a posteriori a determinados locales no podían proceder al cierre de los mismos, se solicitó el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo actuaciones previas a este requerimiento a varios puntos de votación, sin informar ni comunicar estas acciones a los Mossos”, han asegurado los Mossos.

“A lo largo de toda la jornada tampoco se dio ninguna explicación a la PG-ME del por qué había actuado de manera diferente a la acordada en las reuniones de coordinación. En relación con esta coordinación cabe destacar pues que los sistemas establecidos no resultaron eficaces”, sentencia la Policía Autonómica a través de su comunicado.

Continúa leyendo: El Congreso de México aprueba una polémica ley de Seguridad

El Congreso de México aprueba una polémica ley de Seguridad

Foto: Francisco Robles
AFP

Una polémica ley que regula la participación de militares en el combate contra el crimen organizado en México fue aprobada el viernes por el Congreso, en una decisión que la oficina para los derechos humanos de la ONU consideró “lamentable”.

Tras el visto bueno del Senado horas antes, la Cámara de Diputados ratificó la llamada Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor y 25 en contra. Ahora deberá ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

La portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Elizabeth Throssell, expresó a través de Twitter que la aprobación de la norma “no es un paso positivo”.

La ley busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, que puso a soldados a complementar tareas de policía civil y que vino acompañada de una escalada de la violencia.

“Para nosotros lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, agregó Throssell.

Los actores Diego Luna y Gael García Bernal lanzaron una campaña en sus redes sociales para que Peña Nieto no promulgue la ley y abra un diálogo con los sectores críticos y defensores de derechos humanos.

“El diálogo con la sociedad civil que usted sugirió no se dio, le exigimos que actúe con responsabilidad y vete la ley“, dijo Luna. García Bernal exhortó al presidente a no ignorar “las recomendaciones de múltiples organizaciones nacionales e internacionales y de la voz de millones y millones de mexicanos”.

Los opositores a la normativa argumentan que la ley perpetúa una medida de excepción que ha vulnerado los derechos humanos en México.

La senadora del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz, descartó que sea “intención del gobierno de la República militarizar al país” ni que las fuerzas armadas asuman tareas de Seguridad de manera permanente, según un comunicado del Senado que la cita.

ACNUDH, el defensor del pueblo mexicano y la Comisión Interamericana en la materia habían llamado esta semana al Legislativo a no aprobar la ley tal y como estaba planteada.

Recurso de inconstitucionalidad

Académicos, políticos de oposición y voces de la sociedad civil, incluyendo celebridades, también protestaron y expresaron su temor a que la norma pueda agravar la violencia en México.

Desde 2007 a la fecha, más de 196.000 personas han sido asesinadas en México y 30.000 están desaparecidas, según cifras oficiales.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas no podrá exceder un año, pero que puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

También da al presidente la potestad de ordenar la acción inmediata en casos en que las amenazas a la seguridad representen un grave peligro para la integridad de las personas o para el funcionamiento de las instituciones.

Sin embargo, se anticipa que el ombudsman de México presente un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.

“Estoy segura que podemos superar todas las dudas y las posiciones adversas”, dijo a la radio local Grupo Fórmula la senadora Díaz, sobre el eventual recurso.

Continúa leyendo: Los vecinos reciben con aplausos los féretros de los guardias civiles en Alcañiz

Los vecinos reciben con aplausos los féretros de los guardias civiles en Alcañiz

Foto: Antonio García
EFE

Cientos de vecinos y ciudadanos han recibido en Alcañiz entre aplausos los féretros de los dos guardias civiles asesinados el jueves, a quienes se les ha impuesto la Medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, la más alta distinción del instituto armado.

Víctor Romero, de 30 años, natural de Teruel, y Víctor Jesús Caballero, nacido en Cádiz en 1979, fueron ayer asesinados junto al ganadero José Luis Iranzo, entre las localidades de Albalete del Arzobispo y Andorra, un triple crimen por el que ha sido detenido el serbio Norbert Feher, informa EFE.

Una vez practicadas las autopsias, los féretros de Romero y de Caballero han llegado alrededor de las 20:45 horas a Alcañiz, en cuyo Ayuntamiento se han instalado las capillas ardientes, que permanecerán abiertas durante toda la noche, según fuentes del instituto armado.

Con aplausos de los centenares de vecinos que aguardan en la plaza de España de la localidad, a pesar del frío, han sido recibidos los restos mortales de los dos agentes.

También esperaban el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, así como las máximas autoridades del instituto armado en Aragón. Con ellos, el presidente de la comunidad, Javier Lambán.

Una vez dentro del Ayuntamiento, y tal y como estaba previsto, a los agentes se les ha impuesto la Medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, que es la más alta distinción que el instituto armado confiere por actos de servicio heroico.

Romero y Caballero formaban parte de uno de los equipos ROCA de la Guardia Civil, destinado a atajar robos en entornos rurales.

Este sábado tendrán lugar los funerales, tanto de los dos agentes como de José Luis Iranzo, el agricultor también asesinado, aunque en su caso en Andorra, localidad de la que era vecino.

En la madrugada del jueves ha sido detenido acusado del triple crimen Norbert Fehrer, un ciudadano nacido en Serbia hace 36 años al que buscaba la Interpol por crímenes cometidos en Italia.

Desde hace diez días, también era perseguido por la benemérita, a raíz de que dos ciudadanos resultaran heridos de bala en Albalate del Arzobispo.

Continúa leyendo: La partidos políticos afrontan los últimos cinco días de campaña para el 21D

La partidos políticos afrontan los últimos cinco días de campaña para el 21D

Foto: JAVIER SORIANO
AFP

A menos de una semana de las elecciones catalanas del 21D, las campañas políticas que terminan el miércoles afrontan sus últimas días con diversos actos que tienen lugar en Cataluña, sobre todo en Barcelona. En el mitin central de campaña de las juventudes de ERC -partido que pelea con Ciudadanos ser el más votado-, en L’Hospitalet de Llobregat, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha criticado que se acuse a los líderes soberanistas encarcelados de haber impulsado actos de violencia, cuando, bajo su punto de vista, “la única violencia que hay en Cataluña es la que provoca la extrema derecha”.

La número 4 de las listas de ERC, ha afirmado que en las catalanas del 21D no se trata de “ganar o perder una elecciones”, sino que “se trata de ganar o perder un país”. Por su parte el cabeza de lista del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado al expresidente Carles Puigdemont y a los miembros de su gobierno independentista de haber actuado durante los últimos años en Cataluña “como verdaderos dictadores de países subdesarrollados”.

Así lo ha dicho durante un acto en el Salón del Tinell de Barcelona, el lugar donde hace justo 14 años el PSC, ERC e ICV-EUiA sellaron el pacto que dio lugar al tripartito catalán y que supuso la exclusión de los populares, junto al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y Adolfo Suárez Illana, hijo del primer presidente del Gobierno de la democracia y militante popular. Suárez Illana ha recordado que su padre no fue elegido en primera instancia democráticamente, sino “a dedo” por el Rey, pero que llevó a cabo la Transición hacia la democracia sin quebrar una sola ley, aunque fueran franquistas, para no fracturar la convivencia.

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Albiol, ha acusado a Puigdemont y a los miembros de su gobierno independentista de haber actuado durante los últimos años en Cataluña “como verdaderos dictadores. | Foto: Albert Gea / Reuters

“Tu padre no fue elegido democráticamente -luego ya ganó las primeras elecciones democráticas en 1977-, pero demostró que fue un demócrata”, ha afirmado Albiol, que ha añadido luego que a algunos, en cambio, “los han elegido democráticamente” pero “actúan como verdaderos dictadores de países subdesarrollados”.

Por su parte la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado comentar las “ocurrencias” diarias del cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, en alusión a los indultos, y ha replicado al expresident Carles Puigdemont que si gana la formación naranja se acabará el 155.

Arrimadas se ha trasladado hoy a Figueres, donde ha visitado su zona comercial y se ha reunido con asociaciones de vecinos, junto al candidato de Ciudadanos por Girona, Jean Castel. En declaraciones a los medios, se ha pronunciado sobre las palabras de Puigdemont, quien ayer apeló al voto de los no independentistas para evitar que los partidos constitucionalistas apliquen un “155 Premium”.

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Arrimadas, ha rechazado comentar las “ocurrencias” diarias del cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, en alusión a los indultos. | Foto: Albert Bea / Reuters

Ante estas afirmaciones, Arrimadas ha replicado que Ciudadanos es la garantía para que se acabe el proceso soberanista, pero también la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque con un gobierno liderado por su formación Cataluña “volvería a la legalidad”. El partido se llevaría la victoria electoral, según las encuestas realizadas por GAD3 para ABC y por Sigma Dos para El Mundo.

En cuanto al PSC, Iceta se ha ratificado este viernes en su petición de declarar el indulto para los líderes independentistas si fuesen condenados en sentencia firme. Luego ha admitido: “Se trata de una propuesta prematura y aquí debe quedar”. Pese a ello, el presidenciable socialista ha insistido en su mensaje de reconciliación entre catalanes y en la necesidad de buscar “todas las cesiones e iniciativas” que ayuden a solucionar la fractura social que viven Cataluña y España.

“La solución no es el PPC ni su media naranja. La solución no puede ser más derecha, menos autogobierno y peor financiación. No basta con decir no a la independencia, hay que tener un proyecto no solo para ganar el 21 de diciembre, sino para ir ganando apoyos a medio y largo plazo para que el independentismo vaya perdiendo apoyos”, ha señalado durante un mitin en el que también ha participado el exministro Josep Borrell y la alcaldesa hospitalense, Núria Marín.

Las encuestas de varios medios de comunicación han sido publicadas este viernes, siendo hoy es el último día permitido por ley para publicar sondeos sobre intención de voto. De acuerdo a la mayoría, ninguno de los dos bloques, el independentista y el llamado constitucionalista, obtendrían mayoría suficiente para formar un gobierno estable, mientras los Comunes aparecen como el partido clave para la gobernabilidad de Cataluña.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reaccionado a estos números y ha admitido que “sería deseable” la formación de un bloque de izquierdas que agrupe a Catalunya en Comú-Podem, ERC y el PSC después de las elecciones, en el caso de que “implique un compromiso para propiciar un cambio de Gobierno de España”. También este viernes, la Junta Electoral Central ha ampliado 24 horas, hasta el día 19, el plazo para depositar el voto por correo en las elecciones autonómicas catalanas del próximo 21.

El conseller cesado y número 4 de la candidatura de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha subrayado que de cara a la investidura después de las elecciones “no hay plan B, solo hay plan A”, que es Puigdemont sea el “presidente” de la Generalitat. En el mitin central de JxC en Barcelona, Turull ha augurado que quienes confían en lo que indican las encuestas se llevarán un “susto” el 21D, porque, a su juicio, “no tienen ni idea” de la corriente de apoyo a Puigdemont.

Continúa leyendo: Desmantelada en Rusia una célula del Estado Islámico que preparaba atentados

Desmantelada en Rusia una célula del Estado Islámico que preparaba atentados

Foto: ALEXANDER DEMIANCHUK
Reuters

Los servicios de seguridad rusos (FSB) han anunciado este viernes el desmantelamiento de una célula del grupo yihadista Estado Islámico que preparaba atentados en San Petersburgo.

“El FSB ha puesto fin en San Petersburgo a las actividades ilegales de una célula clandestina de miembros del Estado Islámico que se disponía a cometer atentados el 16 de diciembre“, han indicado los servicios de seguridad en un comunicado citado por la agencia pública RIA Novosti. El grupo planificaba un “atentado suicida” y “matanzas y explosiones en lugares muy transitados” de la antigua capital imperial rusa, según el texto.

En total, siete miembros de la célula fueron detenidos durante una operación de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves, según la misma fuente. La policía se incautó entonces de “una gran cantidad de explosivos destinados a fabricar dispositivos artesanales, armas automáticas y municiones, así como libros de contenido extremista”, ha añadido el comunicado.

El anuncio llega después de que el jefe de los servicios secretos, Alexandre Bortnikov, indicara el martes que temía la llegada a territorio ruso de yihadistas procedentes de Siria, donde el grupo yihadista ha perdido sus posiciones, en gran parte gracias al apoyo militar de Rusia al régimen de Damasco.

El FSB anunció el martes la detención de tres presuntos miembros del Estado Islámico originarios de Asia central, acusados de preparar atentados suicida en Moscú para las fiestas de fin de año, y durante la campaña para la elección presidencial, que se celebrará en marzo.

Según el FSB, casi 2.900 yihadistas rusos, la mayoría originarios de las inestables repúblicas musulmanas del Cáucaso, fueron a Irak y Siria a combatir. A ellos se suman varios miles de combatientes procedentes de países de Asia central.

Rusia ha sido objeto de varios atentados este año, entre ellos uno en abril en el metro de San Petersburgo, que dejó 14 muertos.

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