El sindicato de Vox tiene ya 13.000 afiliados y representantes en 273 empresas

Un sindicato abiertamente «anticomunista». Esa es la carta de presentación de Solidaridad. Vox lo creó en septiembre de 2020 para acabar con «partidos y sindicatos convertidos en marionetas de las multinacionales globalistas». En apenas año y medio, y según datos de la organización que dirige Rodrigo Alonso, cuenta ya con 13.000 afiliados, representantes en 53 empresas y secciones sindicales en 273 compañías, algunas que incluso cotizan en bolsa. 

A pesar de estas cifras, el sindicato de Vox está aún muy lejos de los números que presentan las organizaciones tradicionales. Esas a los que tachan de «corruptas» y acusan de no haber defendido nunca los intereses de los trabajadores. Aunque estas fuerzas históricas están en retroceso, siguen concentrando al grueso de los trabajadores: Comisiones Obreras suma 934.000 afiliados y UGT supera los 941.000. Muy diferente a lo que sucede en lnternet, donde Solidaridad exhibe músculo y lidera el número de seguidores en algunas redes sociales. 

«Promesas incumplidas»

«Los comienzos no son fáciles, pero comprobar como muchos afiliados de UGT y Comisiones Obreras se pasan a Solidaridad proporciona, además de esperanza, una motivación extra para desbancar y sacar de las negociaciones a los sindicatos tradicionales, que son culpables de la ruina de los trabajadores», afirma Alonso. Además de liderar el sindicato, este almeriense es diputado en el Parlamento andaluz. Saltó a la fama cuando defendió el rechazo de su partido a la proposición no de ley que presentó Adelante Andalucía para implantar un impuesto a la banca. 

A pesar de que se han cumplido los objetivos iniciales «con creces», Solidaridad quiere seguir creciendo en todos los sectores y regiones. El 25% de los afiliados se concentran ahora en Madrid y su peso principal se encuentra en el ámbito industrial y el sector agrario. «Los trabajadores españoles están cansados de promesas incumplidas, de postulados progresistas y de agendas impuestas por organismos que nadie conoce ni nadie ha elegido», sostiene Alonso. Sus detractores consideran que su estrategia pasa por penetrar entre la clase obrera y ayudar a que la tercera fuerza parlamentaria del país siga creciendo.

La irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2018 puso sobre el tablero un nuevo discurso alejado de elitismos que caló en la población. Los ideólogos del partido advirtieron pronto que, para seguir creciendo, tenían que fortalecer su política social, como habían hecho sus homólogos europeos. Y para eso, nada mejor que un sindicato. Su creación responde a una estrategia perfectamente diseñada, avanza a THE OBJECTIVE un miembro Vox: había que crear un espacio único y evitar convertirse en una moda, como consideran que le sucedió a UPyD y creen que le puede pasar a Ciudadanos. 

La formación de Santiago Abascal puso en marcha en la primavera de 2020 el proceso para crear Solidaridad, pero aun tuvieron que pasar algunos meses para que cristalizara el proyecto. El líder de Vox avanzó en julio que el sindicato tendría como objetivo «proteger a todos los españoles» sin estar al servicio de «causas ideológicas». La creación llegó en septiembre y el proceso  suponía enterrar para siempre cualquier atisbo de política económica liberal.

Una organización «patriótica y social»

Durante la presentación, la calificaron como una organización «patriótica y social». El maridaje perfecto para penetrar en el electorado de izquierda. Es justo lo que le ocurrió a Javier (nombre ficticio), que se afilió en cuanto apareció. Este madrileño y padre de tres hijos desglosa que la empresa para la que llevaba trabajando una década lo despidió irregularmente hace unos meses. Ahora el sindicato le ayuda a ganar la batalla legal. 

Solidaridad asumió desde el principio la defensa de los trabajadores y algunas reivindicaciones sindicales como la equiparación salarial de la policía o las reclamaciones de la seguridad privada. También ha enarbolado la bandera del sector agrario, de los transportistas y es un actor destacado en la lucha contra la pobreza energética. Incluso ha intentado capitalizar la huelga de la industria del metal en Cádiz, cuando apenas un año antes, la formación verde votó en contra de dotar de mayor carga de trabajo al sector.

Para algunos, este sindicato es un trampantojo, pues su objetivo «no es defender a los trabajadores, sino utilizarlos para apuntalar su estructura política», afirma un dirigente de Comisiones Obreras que prefiere mantener el anonimato. Sostiene que Solidaridad «entronca con la tradición de la extrema derecha española, que controló un sindicato vertical al que debían afiliarse obligatoriamente patronos y trabajadores y que, como predica ahora Abascal, rechazaba la lucha de clases».

«Esto no va de derechas ni de izquierda», afirmaba la diputada Macarena Olona en diciembre. La portavoz adjunta de Vox en el Congreso arremetió en Lepe (Huelva) contra partidos y sindicatos, que «solo quieren mantenerse en la poltrona». Los líderes de la formación verde denuncian una y otra vez la «traición» de estas organizaciones. «El problema es que, en las circunstancias que vivimos, su mensaje cala», lamenta el sindicalista, que critica la «burda apropiación» de la figura de Julio Anguita que hizo Olona el mes pasado. 

Apuesta por la unidad

El líder de Solidaridad afirma que las clases, tal y como las entiende la izquierda, divididas entre burguesía y proletariado, ya no existen. «Esta visión marxista de la economía está desfasada. El tejido productivo de España se compone en más de un 95% de pymes y autónomos. Nosotros no pretendemos apuntalar esa división que solo es propagandística, sino apostar por la unidad», insiste Alonso.

«La patria es la única defensa que tienen los trabajadores», repiten en la organización. Es la piedra angular sobre la que descansa el argumentario de Solidaridad, basado en «12 medidas urgentes» entre las que destaca un salario básico digno, la defensa para que los trabajadores puedan formar una familia, el retorno de los españoles emigrados, la derogación de los tratados comerciales internacionales que generen competencia desleal, la lucha contra el despilfarro político, la brecha territorial y la inmigración ilegal.

Una de las exigencias de Solidaridad es acabar con las ayudas públicas a partidos, sindicatos y patronal, lo que «permitirá una rebaja en los impuestos a los trabajadores». Su organización se financia con las cuotas que pagan sus miembros, que oscilan entre los cinco y los 50 euros. La diferencia estriba en la cartera de servicios de la que dispone el afiliado. La más económica solo ofrece asesoría jurídica, mientras que por 10 euros se otorga asistencia en liquidaciones, inspección de trabajo, reclamaciones y actos de conciliación. La cuota premium, la más cara, incluye incluso recursos ante el Tribunal Constitucional.

El nombre del sindicato recuerda a la organización que fundó Lech Walesa en 1980 para enfrentarse al gobierno comunista de Polonia y que gozó de fama internacional. Sin embargo, no tiene nada que ver. De momento, Solidaridad no tiene apenas relevancia mundial, pero ya se ha estrenado en encuentros continentales, como el que les llevó a Budapest en octubre o el que les hizo viajar un mes más tarde a Roma para tratar el asunto de la soberanía alimentaria con sus socios británicos, húngaros, albaneses y rumanos.