El policía de la 'patada en la puerta' estuvo detrás de otras 12 entradas sin permiso judicial

El subinspector de Policía Nacional procesado por un delito de allanamiento de morada por el caso de ‘la patada en la puerta’ estuvo detrás de al menos otros 12 operativos policiales en los que se decidió entrar por la fuerza a distintos domicilios de Madrid. Todos ellos, según aseguran distintas fuentes policiales a THE OBJECTIVE, justificados por la supuesta comisión de un delito de desobediencia, usurpación o violencia de género de quienes estaban al otro lado de la puerta, y se negaban a abrirla ante la presencia de los agentes.

Razón, sostienen las mismas fuentes, por la que esta semana la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana ha restringido la entrada policial a domicilios por un delito flagrante —cometido en ese instante, o poco después— a «situaciones en las que la actuación sea estrictamente necesaria para evitar situaciones de riesgo grave e inmediato para la vida o la integridad física de las personas», reza la circular remitida a las distintas unidades madrileñas, a la que ha tenido acceso este periódico.

El delito de desobediencia, precisamente, fue en el que basó el policía investigado su polémica orden de derribar con un ariete la puerta de una vivienda en la madrileña calle Lagasca, en la madrugada del 21 de marzo de 2021, durante el segundo estado de alarma. Después, la unidad operativa, formada por seis agentes, irrumpió en el domicilio para frenar una fiesta ilegal que se celebraba en el interior. Antes de ser detenidos, los inquilinos grabaron las imágenes y la intervención policial, meses después, llegó a los juzgados tras ser denunciada por el dueño del inmueble.

No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, encargado de investigar el caso, conocido como de ‘la patada en la puerta’, decidió exonerar a cinco de los seis agentes y continuar el procesamiento por un delito de allanamiento de morada solo contra el jefe del grupo que dio la orden de irrumpir en la fiesta. A juicio del magistrado, en la intervención policial, «a pesar de que no tenían ni consentimiento de los moradores, ni autorización judicial, tiraron la puerta abajo, accedieron a la misma y detuvieron a sus moradores». Para el juez, además, la negativa de identificarse de los moradores no suponía un delito flagrante, es decir, de desobediencia, «sino una infracción administrativa».

Quejas de un comisario

La de aquella madrugada de primavera, sin embargo, no fue la única operación en la que este grupo de la de la Brigada de Seguridad Ciudadana, el turno Delta, derribó la puerta de un domicilio para detener a sus moradores sin autorización judicial alguna. Es lo que sostienen distintas fuentes policiales consultadas, quienes enumeran hasta 12 ocasiones, antes y durante la pandemia, en las que agentes de esta unidad irrumpieron en una vivienda con un ariete ‘revienta puertas’. Una herramienta que por otro lado no está dentro de los medios de los que dispone el Cuerpo.

El modus operandi de este grupo policial llegó a generar descontento en algunas comisarías de Policía Nacional en Madrid. Principalmente en aquellas «a las que llegaban los detenidos por el turno» y que después «tenían que elaborar los informes de la operación justificando la destrucción de las puertas». Un «abuso por parte de medios policiales» que, antes de jubilarse, el comisario José Manuel Mariscal de Gente, máximo responsable de la Comisaría de Ciudad Lineal, llegó a criticar en un escrito remitido a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según relatan distintas fuentes policiales.

«Hicieron caso omiso al tema. Estos agentes siempre llamaban a la desobediencia para que abriesen. Lo justificaban también en casos de usurpación. En los operativos siempre hay que utilizar la menor fuerza posible, siempre hay otros métodos, policiales y judiciales», sostiene un responsable policial de seguridad ciudadana.

Entradas a domicilios

Las fuentes consultadas ven en estas intervenciones policiales el motivo por el que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana ha decidido ahora limitar aún más la entrada de los agentes en domicilios. En la nota interna, la Brigada Provincial permite esta actuación en supuestos de «extrema urgencia», aquellos en los que la vida de las personas esté en riesgo, es decir, en cuestiones de vida o muerte.

La circular, remitida a las distintas unidades madrileñas de seguridad ciudadana, sostiene que la decisión sobre la procedencia de efectuar la entrada corresponderá «al mando de los efectivos que estén llevando a cabo la intervención», pero que de llevarse a cabo siempre deberá ser comunicada a la Sala CIMACC, el Centro Inteligencia de Mando de Comunicación de la Policía Nacional. Si este mando, además, valora que no cuenta con los efectivos que garanticen la seguridad mínima para los funcionarios, deberá avisar al CIMMAC, que enviará a las unidades «especializadas para este tipo de actuaciones»: la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.

Sobre lo que sostiene este artículo, en declaraciones a THE OBJECTIVE, el subinspector de policía investigado por allanamiento manifesta que «no tiene constancia» de que «se entrara a 12 domicilios durante la pandemia». No obstante, matiza «que su turno está compuesto por 70 policías, el estado de alarma duró año y medio» y es difícil «llevar la cuenta». En cualquier caso, asegura es que si estas actuaciones policiales se llevaron a cabo «estuvieron bien hechas». «Si hubiese sido al contrario o hubiera visos de irregularidad, todas nuestras actuaciones son supervisadas por la autoridad judicial», concluye este agente.

Hace dos semanas, según adelantó El Español, fue apartado de su puesto tras entrar en la vivienda de un supuesto maltratador que presuntamente había pegado a su expareja y la había echado del domicilio. Fuentes policiales consultadas por este periódico sostienen que ha sido relegado a la Unidad de Seguridad y Protección, tras «años de disconformidad con su forma habitual de trabajar».