Las pruebas de la víctima acorralan a Interior: «Nadie se cree que no lo supieran»

La denuncia contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por una agresión sexual a una subordinada pilló totalmente por sorpresa al Ministerio del Interior en la tarde del pasado martes. «Nos hemos enterado hace muy poco tiempo», avanzaban fuentes de este departamento a este periódico minutos después de que saltase la noticia de la citación en el juzgado del comisario principal José Ángel González y comenzasen a conocerse los primeros detalles de los hechos. Al día siguiente, en los pasillos del Congreso, con el DAO dimitido, el ministro confirmaba la misma versión y aseguraba que «evidentemente, no sabían nada». «Si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato».  

Con esas palabras y añadiendo finalmente «sentirse muy decepcionado» con González, Grande-Marlaska escurrió el bulto y puso fin a la relación profesional —y personal— con el DAO, cargo de su máxima confianza y que ocupaba desde que el ministro llegó a Interior en 2018, casi hace ocho años. De hecho, el titular lo mantuvo en el puesto con una polémica reforma que introdujo en un decreto de la dana de Valencia, en noviembre de 2024, que nada tenía que ver con el asunto. «No había nadie mejor que él ni con tanta experiencia», llegó a defender el director de la Policía, Francisco Pardo, ante los periodistas.

Pese a la insistencia, el «nadie sabía nada» de Interior no ha convencido a prácticamente nadie, ni siquiera internamente. El caso del mando operativo ha dejado en estado de shock a todo el Cuerpo. En los sindicatos se debaten entre la protección a la inspectora denunciante y el respeto a la presunción de inocencia, pero lo que nadie duda es que los hechos denunciados no eran ajenos en la cúpula de Interior o, al menos, en la Dirección General de la Policía, según aseguran diversas fuentes consultadas. La cronología que dibuja la querella y las decisiones tomadas por distintos mandos del ministerio crean fisuras en la versión del área de Grande-Marlaska. «Nadie se cree que no lo supieran», insisten estas mismas fuentes.

Dos grabaciones de la víctima

En la denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la víctima aporta dos grabaciones. Uno de los hechos centrales, la presunta agresión sexual por parte del ex director operativo, se desarrolla en su vivienda oficial el 23 de abril de 2025. Una prueba que relataría cómo el comisario José Ángel González, tras ordenar a la víctima que fuese a buscarle en un coche camuflado a un restaurante, le invitó a subir a su casa, donde le sirvió dos cervezas e inició «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima». «Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento», según el escrito. 

Acto seguido, González Jiménez, «prevaleciéndose de su autoridad, le agredió sexualmente, obligándole a masturbarle mientras le tocaba sus partes íntimas». La inspectora había mantenido una relación amorosa con el mando operativo en el pasado, que «estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta». Una relación que la víctima decidió cortar, pero que González «no aceptó», iniciando a partir de ese momento «una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos» que ocurrieron en su vivienda de la Policía. 

El asesor San Juan

Esa prueba no es la única con la que cuenta la víctima. También ha aportado otro audio al juzgado de todo lo que ocurrió después de la supuesta violación: del acoso sistemático a través de llamadas y mensajes, no solo del director operativo, sino de mandos próximos al mismo, para comprar su silencio y que no denunciara. La querella coloca en este punto al asesor del DAO, el comisario Óscar San Juan, que también fue apartado de su puesto este miércoles por decisión del Ministerio del Interior, mientras investiga si él conocía lo ocurrido con la agente.

La inspectora asegura que tiene una grabación en la que el comisario San Juan le dice que «elija qué destino de trabajo quiere y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap [sic]». La víctima relata en el escrito que el asesor del DAO le llamó en cinco ocasiones el 7 de julio de 2025 después de recibir previamente también varios mensajes intimidatorios del supuesto agresor, que se negó a responder en todos los casos. Finalmente, seis días después, el 13 de julio, volvió a recibir otra llamada del asesor en la que le hizo el ofrecimiento laboral, al que ella se negó y tras el que le advirtió que denunciaría todo lo ocurrido. Él respondió «que no sabía de lo que hablaba y solo llamaba para saber sus intereses». Tres meses después, el mando operativo distinguió a su mano derecha con una medalla de plata, que lleva aparejada una pensión vitalicia del 15% en el sueldo.

La implicación de otros altos cargos

Antes de esa condecoración, el relato sobre la presunta agresión sexual a la víctima también llegó a otros mandos, en concreto, a la máxima responsable de la Policía tras el director adjunto operativo, la comisaria principal Gemma Barroso, al frente de la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, y que ha sido nombrada DAO en funciones hasta la elección del próximo, tal como fija el reglamento policial. Según reza la querella, la víctima se dirigió al despacho de la alto mando, en el mismo edificio donde trabajaba el presunto agresor, que la llamó en ese momento, y comunicó a la subdirectora «que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental», momento en el que fue puesta «a disposición del equipo de apoyo psicosocial». Una unidad especializada de la Policía que atendió y prestó atención a la víctima.

Finalmente, se dispuso la baja laboral con el armamento retirado, una situación en la que todavía hoy permanece la inspectora a causa de las secuelas psicológicas que le ha provocado «la campaña sistemática de presión, acoso telefónico y ofrecimiento de puestos laborales» a cambio de su silencio. Fuentes policiales aseguran que la información que la víctima trasladó a Barroso —y a su equipo— no fue únicamente la de su deteriorado estado de salud, sino también de las causas: un parte complejo del que posteriormente este mando habría informado a sus superiores. De esta forma, insisten, «el asunto nunca quedó encapsulado en el DAO y su asesor», sino que alcanzó a la cúpula del Ministerio y de otros mandos de la Policía.

De hecho, tal como revela THE OBJECTIVE, la comisaria principal Alicia Malo, jefa de la división de Cooperación Internacional y miembro de la Junta de Gobierno del Cuerpo, también tomó parte en las gestiones del DAO para evitar que la víctima denunciara. El máximo mando operativo encargó a Malo, responsable de gestionar los destinos para los policías españoles en embajadas e instituciones europeas, buscar una suculenta plaza en el extranjero para la inspectora con el objetivo de sacarla del país y comprar —los sueldos en determinados puestos rondan los 15.000 euros al mes— su silencio. Una tarea que la alto cargo cumplió, pero que la agente igualmente rechazó.

En sus primeras declaraciones tras su dimisión, el ex director adjunto operativo ha asegurado que renunció en cuanto tuvo constancia de la denuncia interpuesta contra él por presunta agresión sexual, para no perjudicar «el buen nombre» del Cuerpo y para defenderse «en condiciones». Sindicatos como Jupol y la Confederación Española de Policías (CEP) reclaman que la depuración de responsabilidades continúe, exigen la dimisión del director de la Policía y del ministro e incluso han convocado ya una protesta. Frente a esta posición, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Profesional de Policías (SPP) piden prudencia, respeto a la presunción de inocencia y que sea la Justicia la que dictamine quiénes son los responsables.