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El Supremo confirma la prisión para Flores y condena al médico del Madrid Arena

El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid para Miguel Ángel Flores, presidente y administrador de la empresa Diviertt y promotor de la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena en 2012, y anula la absolución del doctor Simón Viñals a quien condena a un año y medio de cárcel.

El Supremo confirma la prisión para Flores y condena al médico del Madrid Arena

El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid para Miguel Ángel Flores, presidente y administrador de la empresa Diviertt y promotor de la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena en 2012, y anula la absolución del doctor Simón Viñals a quien condena a un año y medio de cárcel.

Los hechos a los que se refiere la sentencia se produjeron en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre en los que fallecieron cinco chicas de entre 17 y 20 años, después de que se produjera una avalancha en una de las salida del pabellón donde, según quedó probado, se vendieron más entradas del aforo permitido.

La Sala Segunda de lo Penal ha ratificado, así, la condena contra Flores como autor responsable de cinco delitos de homicidio y 14 de lesiones por imprudencia grave, y le inhabilita para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena, informa el tribunal en un comunicado.

En cuanto al doctor Simón Viñals, encargado de atender y de dirigir el servicio médico la noche en la que se produjeron los hechos, el Supremo ha anulado su absolución y lo ha condenado a un año y medio de prisión «por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, en relación con una de las víctimas, Cristina Arce«.

En la sentencia, Viñals queda también inhabilitado para ejercer la profesión de médico por un periodo de cuatro años. Tendrá que indemnizar a los familiares de Cristina Arce con 340.000 euros. La sentencia explica que al «actuar negligentemente» incrementó el riesgo de que la joven, que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto, falleciera debido a las graves lesiones que padecía tras el aplastamiento sufrido en el vomitorio.

En este sentido, el tribunal- que ha contado con el voto particular de uno de los cinco magistrados, Alberto Jorge Barreiro, que defiende que debió mantenerse la absolución del médico Simón Viñals acordada por la Audiencia de Madrid- no comparte el argumento de la sentencia recurrida que basó la absolución del facultativo en que “no resultaba acreditado que la asistencia sanitaria que el doctor Viñals hubiera debido prestar, y no prestó, hubiera evitado, con probabilidad rayana en la certeza, el fallecimiento de las jóvenes”. Así, los magistrados precisan que Cristina Arce ingresó en el servicio médico y que éste «no llevó a cabo las maniobras más elementales de reanimación«, afirmando que se “omitió toda diligencia debida” y «lo que no es de recibo es justificar la postura del médico acusado, que desatiende escandalosamente su actuación profesional, nada menos que en un caso de urgencia vital, no poniendo los medios mínimos adecuados para intentar salvar la vida de la paciente”.

En conclusión, la responsabilidad del médico surge porque “ha incrementado el riesgo permitido, y lo ha hecho al haber actuado negligentemente, y con tal comportamiento ha contribuido al resultado, siéndole reprochada su conducta a través de la teoría de la imputación objetiva”.

El tribunal también ha confirmado tres años de prisión por los mismos delitos que Flores a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), y a Santiago Rojo, director general de Diviertt; dos años y seis meses de prisión para Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34 (empresa encargada de controlar el acceso al recinto), así como el pago de una multa de 3.600 euros a los coordinadores de Seguridad de Seguriber, Juan José París y Raúl Monterde. En el caso de estos dos últimos la condena es por cinco delitos de homicidio por imprudencia menos grave.

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