Calvo anuncia un plan de exhumación con recursos públicos en toda España
R. García | EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este miércoles en Valladolid que habrá «recursos públicos para un plan de exhumación por todo el territorio» y se restituirá «la ignominia» que supusieron los juicios «sin garantías» en la dictadura que al final fueron ejecutados.
En contexto: estos serán dos de los elementos de la nueva ley de la Memoria Histórica en la que está «empeñado el Gobierno», cuyo proyecto de ley depositarán muy pronto en las Cortes, según ha anunciado la vicepresidenta, en declaraciones a los medios, antes de presidir un acto en Valladolid de entrega de declaraciones y reconocimiento personal a cuatro víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que padecieron persecución por razones políticas e ideológicas.
Ese plan de exhumación por todo el territorio se hará con responsabilidades compartidas con las autonomías que han puesto en marcha medidas en ese sentido y con los municipios que se han empeñado en «no tener fosas comunes», ha añadido Calvo.
La vicepresidenta primera del Gobierno ha añadido que esa nueva ley, en la que se van a «emplear a fondo» y que sustituirá a la «muy importante» de José Luis Rodríguez Zapatero de 2007, también recogerá un banco de ADN para identificar a los represaliados y una «resignificación del Valle de los Caídos, para que una vez que el dictador no está allí se convierta en un lugar de respeto, paz y silencio por las víctimas que allí están, de los dos bandos».
Se busca con esta nueva ley completar la anterior, seguir avanzado y cubrir los espacios y lagunas del texto de 2007 desde el axioma de «que no hay justicia sin verdad ni paz sin justicia».
Calvo ha valorado la anterior ley, en cuanto que fue la primera y además ha dado «frutos importantísimos como que la conciencia aceptada en España de que no podemos cerrar heridas sin tener la verdad, la reconciliación y la paz como frontispicios».
Y se ha referido al momento actual y al proceso judicial abierto en el que el Estado reivindica la titularidad pública del Pazo de Meirás, que «forma parte del expolio de muchos bienes que fueron públicos», para incidir en que esa nueva ley es «muy importante para la propia dignidad de la democracia española».
«Somos una de las grandes democracias del mundo y no puede tener desaparecidos ni seguir construyendo el futuro para las siguientes generaciones sobre la ignominia de esas víctimas y el dolor de sus familiares», ha reflexionado Calvo.
La vicepresidenta primera ha mostrado su preocupación por las personas mayores que pueden no ver esa restitución cumplida y ha anunciado que por ello algunos de los puntos «irán muy rápidos».
El camino de resarcimiento a las víctimas se ha abierto hoy con la entrega de cuatro declaraciones de reconocimiento a las familias de otros tantos perseguidos por la dictadura por razones políticas: Calixto Carbonero, Aurelio García, Florencio Moral y Saturnino Bilbao.
