La Audiencia Nacional ha condenado al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años, cuatro meses y cinco días de prisión como responsable de los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
En contexto: los jesuitas asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la empleada Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.
El tribunal ha dado a conocer la sentencia en una lectura pública en presencia de Montano, único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española, que en la vista oral se ha desvinculado por completo de la masacre. Sin embargo, la resolución ha considerado a Montano como culpable de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista.
También se le han atribuido los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no se ha podido condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos debido a estos crímenes. El tribunal ha establecido un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017.
Los magistrados han detallado como los ocho homicidios «fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública», quien participó en la decisión por la cual se «transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar», Guillermo Benavides, un mando medio y el único condenado en El Salvador.
No obstante, la Sala va más allá al considerar acreditado que en la masacre participó un grupo violento y estable compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, miembros de La Tandona, la promoción de oficiales que ocupaba las más altas estructuras del poder en el Salvador, así como otros altos cargos. Todos ellos utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma, alterando gravemente la paz y la convivencia ciudadana «con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones».
Este grupo «cometió los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, generando la falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de la sociedad, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista», han señalado desde la Audiencia Nacional.