Un informe independiente acusa a Maduro de «terrorismo de Estado» en Venezuela
El reporte está respaldado por más de 25 organizaciones venezolanas y firmado por la ONG Canal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. | Archivo
Un reciente informe sobre los derechos humanos en Venezuela ha concluido que el régimen de Nicolás Maduro está practicando el «terrorismo de Estado», a través de una serie de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales antes, durante y después de las elecciones del pasado 28 de julio. Este reporte, respaldado por más de 25 organizaciones venezolanas y firmado por la ONG Cadal, revela un panorama desolador en términos de persecución política, erosión de la institucionalidad democrática y represión generalizada.
El informe, titulado Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela, busca visibilizar las graves violaciones de derechos humanos en el país. La opositora María Corina Machado lo ha compartido en su cuenta de X.
El documento detalla cómo las autoridades venezolanas han recurrido a estrategias de terror para controlar y coaccionar a la población, calificando sus acciones como delitos de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Además, se denuncia que un 21,7% de los artículos de la Constitución vinculados a derechos fundamentales han sido derogados de facto, instaurando un régimen de excepción no declarado oficialmente.
El informe documenta un preocupante incremento, previo a las elecciones, en la persecución contra ciudadanos, activistas y medios de comunicación. Entre enero y julio de 2024, 169 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas la destacada defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Asimismo, se registraron 58 bloqueos de sitios web y 98 denuncias por violaciones a la libertad de expresión, además de 2.383 protestas, en su mayoría motivadas por demandas de derechos económicos, sociales y culturales.
Durante la jornada electoral del 28 de julio, se reportaron incidentes en cerca del 65,9% de los centros de votación. A pesar de que el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades, la represión se intensificó al cierre de las urnas, con grupos armados progubernamentales atacando a manifestantes. Una persona murió y ocho resultaron heridas.
El informe señala que, tras las elecciones, el Gobierno adoptó una combinación de tácticas de represión «duras» y «blandas» para sofocar las protestas. Entre los métodos más violentos, se destaca la represión masiva que dejó entre 24 y 26 muertos durante las manifestaciones. Además, se implementaron detenciones arbitrarias masivas, con más de 1.590 personas arrestadas hasta finales de agosto, muchas de ellas sometidas a desapariciones forzadas temporales y juicios sumarios.
El informe concluye con un llamado a la comunidad internacional para mantener la presión diplomática sobre el Gobierno de Maduro, promover la justicia internacional y rechazar los resultados electorales anunciados hasta que no se realice una revisión independiente. Además, se insta a reconocer a los venezolanos que huyan del país como refugiados y a incluir el tema de Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea de 2025.
