El inmueble que Ábalos intentó vender a una empresa malaya es la sede de su ONG
Fiadelso ha recibido 4,9 millones de euros en subvenciones, pero no ha logrado justificar el destino de los fondos
El exministro José Luis Ábalos. | Europa Press
El inmueble que el exministro José Luis Ábalos pretendía vender a una sociedad de valores radicada en Malasia, a la que le estaba gestionando una licencia bancaria en España, es la sede de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), fundada por el propio Ábalos en 1992 en Valencia, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Una entidad que ha recibido 4,9 millones de euros en subvenciones de la Generalitat Valenciana y el Gobierno central y a la que Antifraude le ha abierto una investigación por posibles irregularidades y falta de transparencia en las cuentas tras haber recibido fondos públicos.
Tal y como adelantó este periódico, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez hizo gestiones en los años 2021 y 2022 para que una sociedad M24 Tawreeq SDN BHD pudiera obtener una licencia bancaria, cuya autorización corresponde al Banco de España. Una de las contrapartidas fue que la empresa de valores adquiriera un local del que es propietario «para sacar rentabilidad en la transacción», según las fuentes consultadas.
Tanto es así que Ábalos llegó a firmar un contrato de arras con la citada sociedad en enero de 2022, seis meses después de que saliera del Gobierno y cuando tenía el cargo de presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. De hecho, el hoy diputado adscrito al Grupo Mixto, investigado por el Tribunal Supremo por presunta integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación participó en tres reuniones desde su salida del Gobierno en julio de 2021 para establecer los términos de estas gestiones. A una de ellas Ábalos acudió con una carpeta con membrete del Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso este periódico. En la misma se incluía toda la documentación para la venta del inmueble de su propiedad en Valencia como posible sede social de la nueva entidad bancaria.
Según fuentes conocedoras de la operación, la venta del inmueble solo fue «una parte del acuerdo» al que llegó el exministro socialista con la sociedad de valores para «acelerar la concesión de la licencia». De hecho, el contrato rubricado por Ábalos recoge esta aspiración de la entidad malaya, que «va a formar parte de un grupo financiero en España que empezará a operar a partir de febrero de 2022 en una sociedad que está en constitución» y que «tiene interés en la adquisición del local que se describe» en la calle Conchita Piquer, número 10 de Valencia. Un local comercial de 187 metros cuadrados que el diputado socialista, ex secretario de Organización del PSOE, tenía en propiedad con su «socio» Jaime Gustavo Casal Ardines, tal y como consta en las escrituras a las que ha tenido acceso en exclusiva este periódico y que fueron remitidas a la empresa malaya.
Sede de Fiadelso
Se da la circunstancia de que el local en la calle Conchita Piquer, número 10 de Valencia que Ábalos quería vender a la sociedad malaya para que radicase en España la futura entidad bancaria es la sede de Fiadelso. Ábalos ocupó la presidencia de la fundación desde febrero de 1998 hasta octubre de 1999, momento en el que se distanció de la primera línea, pero ha seguido manteniendo una conexión estrecha con el patronato. Desde entonces ha compartido al 50% la propiedad del local con Gustavo Casal, que era el presidente de la fundación.
FIADELSO ha recibido un total de 4,9 millones de euros en subvenciones públicas durante los últimos 13 años, destinadas a financiar proyectos de cooperación internacional. Según su página web, se presenta como una «organización independiente, ajena a vínculos políticos o religiosos», comprometida con los valores de libertad, solidaridad, progreso, justicia social, la expansión cultural y el desarrollo institucional. Su misión es impulsar actividades de desarrollo tanto en España como en países en vías de desarrollo, mediante la formación de recursos humanos, el apoyo a la reflexión y la investigación sobre el desarrollo, la implementación de proyectos de desarrollo local y protección del medio ambiente, así como el fomento de políticas y programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
La ONG tiene delegaciones en diversas regiones de España, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, País Vasco, Andalucía y Extremadura, y mantiene una red de representaciones en América Latina, con presencia en Bolivia, Colombia, Honduras, Perú y Chile. A pesar de su amplia actividad internacional, FIADELSO no ha sido capaz de justificar adecuadamente las subvenciones públicas recibidas, lo que ha llevado a que se le exija la devolución de los fondos si no puede presentar la documentación pertinente. Una tarea que la organización no ha realizado correctamente en la última década.
Presunta estafa
La compra del local en Valencia nunca se concretó, y la licencia bancaria nunca se obtuvo. La sociedad de valores malaya empezó a dudar de la transparencia de la operación, sospechando que podría tratarse de una «estafa». A pesar de varios meses de gestiones, los trámites para obtener la licencia no avanzaban, y no se cumplían los requisitos técnicos necesarios. El 25 de enero de 2022, casi un mes después de la firma del contrato de arras, se emitió una orden de pago por los 240.000 euros reclamados por el bajo comercial, la cual fue gestionada a través de la entidad Pinnock Capital Limited, según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Sin embargo, la preautorización del pago fue detenida debido a las dudas sobre si los involucrados, Ábalos y Koldo, cumplirían con sus compromisos. A principios de febrero, las reticencias por parte de la sociedad de valores y sus representantes en España eran cada vez más evidentes. Desde un punto de vista técnico, argumentaron que el banco no necesitaba una sede en los bajos de un edificio. A pesar de que el proyecto se describía como «sólido», los responsables de acelerar los trámites se encargaron de ralentizar el proceso, sin ofrecer respuestas claras a las gestiones supuestamente realizadas. Como resultado, la operación fue suspendida sin que se llegara a materializar.
