Y ahora comienza el 'procés' fiscal

Con la condescendencia propia del trato que un señor da a su vasallo, Junqueras ha concedido una prórroga de varios días para que la troupe de Sánchez empiece a cumplir el Acuerdo de Financiación Singular que suscribieron en julio del año pasado. El independentista condenado por sedición ha dejado ver que entiende que el PSOE y el Gobierno necesitan ese aumento de plazo para retirar de Ferraz y de La Moncloa las numerosas boñigas que han inundado ambas sedes tras la tormenta de detrito que las ha inundado.

No nos engañemos con la inteligencia de Junqueras. Él sabe que cada día que pase Sánchez verá aumentar la cantidad de heces que rodean a su partido y a su Gobierno configurándose así el entorno idóneo para que en la puesta en marcha del acuerdo suscrito en julio de 2024 los independentistas catalanes saquen la mayor de las tajadas.

De entrada, antes de entrar en el contenido del acuerdo, conviene aclarar cuáles son los objetivos de los independentistas. Son dos y no pueden ser más evidentes. El primero, más dinero para la Generalitat; y el segundo, más poder para la Generalitat. Pero, y esto es muy importante, ambas cuestiones solo para la Generalitat, pues lo que ellos denominan “café para todos” les provoca sarpullidos. Es decir, no se plantea un paso más en la senda de la descentralización que tenga carácter general, en absoluto. El paso ha de darse solo para Cataluña de manera singular, singularísima. Fue José Bono el que dijo desconfiar “del que quiere comer aparte pues lo que busca es comer más que los demás”, retratando así con su peculiar lenguaje las verdaderas intenciones de los independentistas. Y, en efecto, entrando ya en el contenido del acuerdo que ahora va a empezar a implementarse, así se comprueba.

Empieza el acuerdo nacionalsocialista -pues es firmado por dos partes, los nacionalistas de ERC y los socialistas de Sánchez- por afirmar una gran mentira. Es así pues afirman los firmantes que “Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo”, cuestión desmentida por todos los expertos imparciales que conocen el tema. Me referiré en especial a Fedea que en sus estudios viene demostrando que la financiación per cápita ajustada de Cataluña se sitúa ligeramente por encima de la media nacional. De modo que de infrafinanciación, res de res.

Partiendo de esa mentira, los firmantes del acuerdo deciden resolver el falso problema que ellos se han inventado mediante diversos mecanismos que aumenten la financiación de la Generalitat y solo de la Generalitat. Parten de expulsión de la Agencia Tributaria estatal del territorio catalán y deciden reducir -si no eliminar- la contribución de Cataluña a los instrumentos de solidaridad interterritorial existentes en el actual sistema de financiación autonómica.

«El instrumento del Estado que va a ser expulsado de Cataluña es la Agencia Tributaria traspasando el 100% de sus competencias»

Empezando por el primero, sabido es que el procés independentista perseguía sacar a Cataluña de España. Fracasado este objetivo, ahora -con la complicidad de los socialistas de Sánchez- los independentistas pretenden expulsar a España de Cataluña. Y el instrumento del Estado que va a ser expulsado es la Agencia Estatal de Administración Tributaria traspasando el 100% de sus competencias -gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos los tributos generados en Cataluña- a la Administración tributaria de la Generalitat.

De ese modo, quien decida en Cataluña qué personas serán inspeccionadas por su IRPF o qué empresas lo serán por su Impuesto sobre Sociedades será la Administración de la Generalitat, circunstancia que no sucede -y no sucederá- en las otras 14 comunidades autónomas que integran hoy el régimen fiscal común. Será también la Administración nacionalista catalana la que decidirá el resultado final de las inspecciones tributarias así como la concesión o denegación de aplazamientos de deudas tributarias y, en su caso, las condiciones en las que se conceden. El caldo de cultivo para competencia desleal está servido. Y el que posibilitará el clientelismo político, también. A ver qué persona y/o qué empresa se atreve a partir de entonces a discrepar públicamente de las políticas de la Generalitat, por ejemplo de la lingüística.

Junto a lo anterior, que Cataluña se independice fiscalmente de España supone que desaparecerán de la base de datos de la Agencia Tributaria estatal aproximadamente 1.000 millones de registros -datos, muchos más pues por ejemplo una declaración de IRPF es un registro y contiene multitud de datos-. Como acertadamente han señalado los inspectores de Hacienda, siendo como es que la información en poder de la AEAT es su principal instrumento de lucha contra el fraude fiscal, es fácil deducir la reducción de potencialidad que en esa faceta le va a suponer la pérdida de esos 1.000 millones de registros.

Curiosamente, la pretensión de independizar fiscalmente a Cataluña aumentando también su capacidad normativa en materia tributaria -otro punto del infausto acuerdo- marcha pareja con el objetivo de recentralización que se está aplicando y se proyecta aplicar a las otras 14 comunidades autónomas del actual régimen fiscal común. El Impuesto sobre el Patrimonio bis ha sido un primer paso, ahora se amenaza con recentralizaciones en el Impuesto sobre Sucesiones, después llegará el turno de recentralizar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Está claro, soberanía fiscal para Cataluña y subordinación fiscal para el resto de las comunidades. Ya expuse que el café para todos se les atraganta a los independentistas y, el acuerdo constituye una evidencia, también a los sanchistas.

Y junto a lo expuesto, en el acuerdo nacionalsocialista que va a empezar a aplicarse se sientan las bases para que Cataluña reduzca su contribución a la solidaridad interregional o, aún más, para que desaparezca íntegramente. Para lograrlo, se reinterpreta de un modo sui géneris el llamado principio de ordinalidad que, si en su concepción original es más que razonable, reinterpretado en su acuerdo por los nacionalsocialistas se convierte en el mecanismo más insolidario que imaginarse pueda. Vamos a verlo.

«El acuerdo entre los sanchistas y los de ERC es una deliciosa muestra de egoísmo interregional»

En su concepción original -la aplicada en Alemania- el citado principio exige que al aplicarse los mecanismos de solidaridad interterritorial, éstos no modifiquen el orden del ránking de renta per cápita de los diferentes territorios, landers en aquel país, algo completamente lógico. Se trata de reducir las diferencias de renta entre territorios no de invertir el orden preexistente. Sin embargo, en el acuerdo entre los sanchistas y los de ERC lo que se exige es que Cataluña no reciba menos importe de los fondos autonómicos que los percibidos por ninguna comunidad autónoma que aporte a los fondos menos que ella. Es decir -por poner un ejemplo- que como Cataluña aporta al sistema más que Extremadura, deberá recibir también más que ésta. Si, aunque parezca mentira, lo pactado entre los socialistas y los de Esquerra es que de los fondos que van del Estado a las comunidades autónomas, Cataluña reciba más que Extremadura, más que Castilla-La Mancha, más que Castilla y León, más que Aragón, más que Murcia, más que La Rioja, más que Cantabria, más que Andalucía o más que Asturias. Se trata de una deliciosa muestra de egoísmo interregional.

Pero aún más porque en el acuerdo se impone como exigencia que la recepción de los fondos de solidaridad por cualquier comunidad quede condicionada a que aplique en su territorio un esfuerzo fiscal similar. Si bien no se explicita con que quien debe producirse la similitud, sí es obvio que se trata de una condición con la que se pretende restringir la autonomía fiscal actual de las Comunidades Autónomas receptoras netas de fondos autonómicos. Insisto, soberanía fiscal para Cataluña al tiempo que menor autonomía para 12 de las comunidades autónomas -las actuales perceptoras netas de fondos autonómicos-.

Con los requisitos expuestos, se puede llegar a que desaparezca en su totalidad la actual contribución de Cataluña a los fondos autonómicos de solidaridad -en torno a los 3.000 millones de euros- importe que equivale al importe que conjuntamente perciben hoy Murcia, Aragón, La Rioja, Asturias y Cantabria. De modo que una de dos, o bien se ponen en peligro los importes que garantizan los servicios públicos básicos en las comunidades autónomas perceptoras netas de fondos autonómicos o, para evitarlo, se exige más esfuerzo a las otras comunidades hoy aportadoras -Madrid y Baleares-. Vamos, progresismo elevado a su enésima potencia.

Pues esto y no otra cosa es lo que, por mor del acuerdo nacionalsocialista suscrito entre ERC y los progresistas de Sánchez, empieza a tratarse dentro de unos días en la Comisión bilateral Estado-Generalitat.