España regala 10 millones en tres años a las comunidades «indígenas» de medio mundo

¿Sabían que existen partidas de dinero público español que viajan periódicamente desde hace muchos años a otros continentes (principalmente a América) para acometer proyectos denominados con diversos conceptos etéreos relacionados con las tribus o comunidades indígenas? Sólo sabemos que esas partidas salen del erario, pero es casi imposible demostrar u ofrecer pruebas palpables de su efectiva recepción y destino. Sin embargo, es fácilmente comprobable la efectiva salida del dinero de la caja pública. La opacidad que reina en la salida, entrega, proyectos, ejecución y régimen jurídico de estas partidas nos invita necesariamente a pensar mal sobre el destino real de estas nada desdeñables cantidades de dinero de nuestros, de sus impuestos.

Pues según la web del Ministerio de Hacienda, concretamente la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), ese dinero «indígena» ha salido de nuestras fronteras con incierto destino. Tras una profunda investigación de lo publicado, hemos podido detectar partidas constantes de diversos montos económicos que van desde los 45.000 euros hasta los más de 500.000 euros con destino a Latinoamérica, bajo diversas coartadas relacionadas con el término «indígenas». Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Chile y otros muchos países reciben presuntamente constantes cantidades de dinero público español para toda una variedad de objetivos que usan términos tan curiosos como inverosímiles. Vean alguno de los títulos que orlan la distribución de este dinero público:

«Mejora del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas Wayuu». Colombia. 150.000 euros en 2024.

«Empoderamiento de mujeres indígenas de Moxos y recuperación de prácticas productivas ancestrales». Bolivia. 44.553 euros en 2024.

«Fortalecimiento y acompañamiento de políticas públicas de gestión territorial indígena». Brasil. 200.000 euros en el mismo año 2024.

Estos son solo tres ejemplos de subvenciones públicas que el máximo benefactor público otorga. Hablamos de que el donante (en representación de nuestros impuestos) es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid), perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de José Manuel Albares.

Reseñamos en este punto que hemos detectado la friolera de 104 subvenciones dinerarias entre junio de 2021 y diciembre de 2024 que contienen la palabra indígena como justificante de la salida del dinero público español hacia destinos lejanos y difícilmente comprobables (opacidad pretendida). En total: 10,4 millones de euros. Además de Aecid, hay otras muchas administraciones públicas como Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones y Consejerías de las comunidades autónomas, que otorgan cantidades a los mismos entes bajo motivos muy similares e igualmente difíciles de comprobar. Se podría decir que la inmensa mayoría de las Administraciones públicas de nuestro país tienen una sección de cooperación internacional que en no pocas ocasiones copian literalmente los proyectos que emprende Aecid.

No es habitual que nos paremos a pensar en la cantidad y calidad de las cargas fiscales que soportamos a diario. Si lo hiciéramos, y creo con la que está cayendo, veríamos con mucha nitidez que las cargas que soportamos son enormes, demasiadas para sólo garantizar los derechos básicos de la ciudadanía. Hablamos de tantos por ciento que pueden rondar la mitad de lo que el español medio recibe como salario.

Sí, no tengamos miedo a señalar una realidad que es constantemente negada por aquellos que perciben y gestionan nuestros impuestos: sufrimos cargas impositivas excesivas, confiscatorias, salvajes. Esto nos lleva a plantearnos una inevitable pregunta: ¿Este cautiverio fiscal que sufrimos se traduce en una gran calidad de los servicios públicos, como parecería lógico inferirse de saber que actualmente el «Estado» maneja las cifras más grandes de recaudación de la historia?

La respuesta a esta pregunta también es evidente, y también considero necesario verbalizarla: NO, quizás estemos viviendo una de las peores etapas en cuanto a la calidad y cantidad de los servicios públicos. Es en este punto donde debemos deducir, proponer y ejecutar la imprescindible labor de control y auditoría del gasto público.

Esa, entre otras muchas, ha sido mi labor desde mi llegada al Congreso de los Diputados. Con muchísima resistencia en forma de críticas inmisericordes a mi labor y publicaciones, incluso a mi persona, he intentado verificar las ingentes cantidades de dinero público que principalmente el Gobierno destina a cooperación internacional para el desarrollo. Han sido más de tres años investigando estas partidas, intentando localizar los proyectos a los que supuestamente iban destinadas estas periódicas cantidades de dinero público.

Hay curiosidades y escándalos con los que nos hemos encontrado todo este tiempo que son dignos de mención, máxime cuando al mismo tiempo que nosotros hacíamos un análisis de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo española, Donald Trump y su DOGE realizaba una rápida y efectiva auditoría sobre su instrumento de cooperación llamado Usaid, que terminó con la drástica reducción de los programas y actividad de la Usaid y con varios de sus miembros encausados por presuntos desvíos de fondos públicos. Y no es el único caso.

Recientemente Suecia, cansada de ver como cantidades ingentes de su erario viajan a destinos imaginativos e igualmente opacos, ha iniciado una auditoría pública a su instrumento de cooperación internacional para el desarrollo, anunciando de antemano la suspensión de gran parte de su actividad.

Ya tenemos las barbas de un vecino lejano afeitadas, ¿ponemos a remojo las nuestras?