Organizaciones de conservación marina instan al Congreso a reforzar a combatir la pesca ilegal

ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF consideran la Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima una oportunidad clave para consolidar el liderazgo del país en la lucha contra la pesca ilegal.

España acaba de publicar una nueva ley que actualiza y mejora el marco de control pesquero nacional, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Sin embargo, dicha norma no incluye la obligación de publicar quiénes son las personas y entidades que realmente se benefician de estas actividades, lo que puede dar lugar a graves consecuencias que van desde la pesca ilegal al tráfico de drogas.

La nueva Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima refuerza puntos clave como la rendición de cuentas, la imposición de sanciones a la pesca ilegal y las inspecciones, consolidando el papel de España como referente para prevenir la entrada de productos ilegales en el mercado europeo. En este sentido, organizaciones de conservación marina consideran que esta Ley de Control «es una prueba del compromiso» de España en la gobernanza del océano y el control pesquero, según admite el asesor político de Oceana en Europa, Ignacio Fresco Vanzini. Sin embargo, la norma no aborda la titularidad real de las embarcaciones que suele quedar escondida tras intermediarios.

Esta opacidad, según denuncian organizaciones de conservación marina, afecta tanto a buques con bandera española como extranjera en la que ciudadanos o empresas españolas pueden tener participación, facilitando la labor de actividades delictivas como la pesca ilegal, el trabajo forzoso, la captura de especies protegidas o la trata de personas.

Investigaciones recientes de Oceana, una de las organizaciones firmantes de este posicionamiento junto con ClientHearth, Ecologistas en Acción, EJF, SEO/BirdLife y WWF, desvelan que el 23% de los buques de fuera de la UE -un total de 52 embarcaciones- son de propiedad española y podrían estar registrados en países donde hay riesgo de pesca ilegal, siendo en muchas ocasiones paraísos fiscales.

«La mayoría de los pescadores españoles operan de forma responsable y una mayor transparencia protege su reputación y competitividad. Exigir información sobre la titularidad real es una práctica habitual en otros sectores económicos, lo que permitirá que la pesca española se alinee con las mejores prácticas, ayudando a las autoridades a distinguir entre buenos y malos operadores, así como a cerrar lagunas en la aplicación de la ley», señala Clara Burillo, responsable de políticas oceánicas de Environmental Justice Foundation (EJF).

Por ello, las organizaciones mencionadas instan a los miembros del Congreso y Senado de España a incluir una obligación clara para identificar y registrar a los titulares reales de las embarcaciones pesqueras, asegurar poderes sancionadores efectivos contra los titulares reales de embarcaciones implicadas en actividades ilícitas y exigir que esta información sea de acceso público.