La cena del Casamata: la ruptura entre Vox y Revuelta se fraguó en un bar de Chamberí

19 de marzo de 2025. El consejero áulico de Santiago Abascal, Kiko Méndez-Monasterio, reúne a tres jóvenes de Revuelta en el bar Casamata, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí, para cenar. En la mesa también se sientan Rocío de Meer, sobrina del ideólogo de Vox, y Carlos Hernández Quero, que tenía una participación en la librería-taberna que cerró el pasado mes de junio, y que sirvió de punto de encuentro para los diputados de Santiago Abascal durante casi dos años. El último en llegar es Pablo González Gasca, el extrabajador del partido que ha sido denunciado por supuestamente desviar fondos destinados a las víctimas de la DANA.

En la cena se aborda la situación de Revuelta con una ausencia significativa, la de Jaime Hernández, el líder de la asociación juvenil nacida a la sombra de Vox y persona de la máxima confianza de Santiago Abascal hasta ese momento. Lo que propone Kiko Méndez-Monasterio a los jóvenes es deshacerse de su líder, alegando sospechas sobre la financiación y problemas internos. Fuentes presenciales dicen que Kiko planteó «ejecutar a Jaime, guiado por un relato anterior de que había opacidad en las cuentas» como un pretexto para quedar «totalmente subyugados» al partido. También que se reconvino a los jóvenes por «ir por libre» y no «avisar de las acciones» al partido.

Otras aseguran que ese día Kiko y compañía se enteraron de que «no había estructura juridica ni CIF ni nada de Revuelta y se les instó a ser transparentes y resolver esa situación irregular». El caso es que esa cena supuso un punto de inflexión. La tensión entre Vox y Revuelta aumenta desde entonces, así como la división interna entre los jóvenes revoltosos, que se dividen en dos bandos: los partidarios de seguir las órdenes de Bambú sin rechistar y los partidarios de seguir gozando de cierta independencia.

Los primeros son Arturo Villa, Pau Ruiz y Javi Esteban, mientras que los últimos son Jaime Hernández, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca. La presión sobre estos tres, que tenían quórum para la integración de Revuelta en Vox a través del sindicato Solidaridad, se vuelve más asfixiante con los meses. El runrún sobre irregularidades en las cuentas —según Gasca y Hernández una insidia instigada por los primeros— se extiende por Bambú, en donde se habla de un millón de euros de donaciones particulares a los afectados por la riada en el litoral valenciano.

Estos explican que la cantidad siempre fue menor, que mucha de esta ya se ha gastado con un remanente para futuros desembolsos y que no se circunscribe solo a ayudas para los afectados de la dana. Sin embargo, para entonces la sombra de la sospecha ya está extendida. En una reunión mantenida en la sede nacional de Vox, Jorge Buxadé y Montserrat Lluis piden a los jóvenes las cuentas íntegras. Estos se niegan a mostrarlas sin firmar un acuerdo de confidencialidad. No llegan a un entendimiento, por lo que inician una auditoría externa e independiente. Tampoco vale. Vox ofrece finalmente como salida un documento en el que se admiten irregularidades, firmado por Arturo Villa y Javier Esteban, pero no por Pablo González Gasca, que denuncia presiones.

Al no rubricar Gasca el papel, Villa y Esteban van a la Fiscalía a denunciar las irregularidades. Más tarde, Vox también denuncia a sus ex juventudes oficiosas ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante y acusa a Hernández de haberse quedado con «cientos de miles de euros por parte de terceros de cuantiosas ayudas para las víctimas o afectados de la dana» a través de Asoma. Sin embargo, los jóvenes sostienen que la ruptura no tiene nada que ver con supuestas corruptelas.

¿Corrupción o batalla política?

«Vox quería integrar Revuelta en el Sindicato Solidaridad porque pensaban que había mucho dinero», explican. Para conseguirlo, recibieron «presiones para firmar documentos admitiendo irregularidades», algo a lo que se negaron. Esas presiones, sin embargo, sí que habrían servido para convencer a Arturo Villarroya y Javier Esteban, que «firmaron y denunciaron a Revuelta porque el partido les prometió compensarles».

Fuentes conocedoras del conflicto pero ajenas a este aseguran que si ha habido alguna irregularidad «es sin mala fe, por desconocimiento, pero sería administrativa», y apuntan a que la batalla es política, «por el control de Revuelta, a lo que se negaron, y lanzaron a sus propios cachorros contra ellos para que se mataran entre sí». «Querían desactivar Revuelta porque no lo controlaban». Esta era una preocupación que bullía en la cabeza de Kiko Méndez-Monasterio, que llevaba desde marzo organizando reuniones, a las que asistieron diputados, para remar en esta dirección.

Primero la auditoría, que verá la luz a finales de este mes, y después la Justicia, demostrarán si Revuelta incurrió en los delitos de los que le acusan. O si, por el contrario, todo fue una batalla política por el control de una asociación demasiado revoltosa.