ADIF: ¿dónde están los fondos europeos?

España es, junto con Italia, uno de los grandes receptores de fondos europeos del programa Next Generation EU – Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La magnitud impresiona: decenas de miles de millones de euros en subvenciones y préstamos concebidos para modernizar la economía, reforzar los servicios públicos y acelerar la transición verde y digital. Nunca antes había llegado a nuestro país un volumen de recursos comunitarios comparable. Precisamente por eso, la exigencia de control, transparencia y buena gobernanza debería ser hoy más alta que nunca.

Sin embargo, una mirada atenta a los datos oficiales revela un desequilibrio estructural en la recepción de estos fondos. La mayor parte del dinero no se canaliza hacia el tejido productivo privado —empresas, pymes, los verdaderos generadores de riqueza y empleo del país, ni siquiera a proyectos tractores con capacidad de arrastre—, sino que queda concentrada en el sector público, fundamentalmente en grandes entes y empresas estatales. El listado oficial de los mayores perceptores del MRR es elocuente: entre los 20 mayores perceptores de fondos, sólo uno es privado. 

Destaca de manera muy clara ADIF, tanto en su versión descafeinada como la energética AV. La suma las sitúa como el mayor beneficiario individual de los fondos europeos en España. ADIF y ADIF Alta Velocidad tienen asignados casi 6.000 millones de euros del Plan de Recuperación, aunque a la fecha del último listado oficial apenas algo más de la mitad figura como fondos efectivamente percibidos. A continuación aparece el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con varios cientos de millones adicionales, y Renfe Operadora. Los cuatro primeros, el ministerio y sus empresas estrella.

No se trata de cuestionar hoy la legitimidad de estas inversiones. El ferrocarril, la movilidad y las infraestructuras son ámbitos estratégicos y requieren recursos, aunque deberíamos preguntarnos si somos tan ricos como para permitirnos el AVE a niveles a los que ni Alemania, ni Francia, ni Italia aspiran. El problema surge cuando el volumen, la concentración y la complejidad administrativa de los fondos superan la capacidad real de supervisión. En ese contexto, el riesgo no es sólo la ineficiencia: es la opacidad, el descontrol y, en última instancia, la corrupción, entendida no como un fenómeno excepcional, sino como una consecuencia posible cuando confluyen grandes cantidades de dinero, urgencia política y controles débiles. Cuando el Estado es tan grande que no tenemos recursos para controlarlo todo.

En este marco, episodios recientes como el accidente de Adamuz adquieren un inevitable valor simbólico. No se trata de establecer una relación causal directa entre una cosa y otra, ni de instrumentalizar una tragedia. Pero sí de recordar que, mientras fluyen miles de millones de euros en nombre de la modernización y la seguridad, la percepción social es que algo no está funcionando como debería. Y esa percepción se agrava cuando la ciudadanía no dispone de información clara, accesible y verificable sobre en qué se gasta el dinero, con qué criterios y con qué resultados. El debate de fondo no es técnico, sino institucional. Más fondos exigen más gobernanza, no menos. Exigen evaluaciones independientes, auditorías públicas comprensibles, rendición de cuentas periódica y una separación nítida entre decisión política, gestión administrativa y ejecución técnica. Exigen, además, que el sector privado tenga un papel real y no meramente residual, evitando que los fondos europeos se conviertan en un circuito cerrado dentro del propio Estado.

Como veíamos hace pocas fechas, pagamos 130.000 euros en impuestos, un 40% más que hace cinco años. De forma dramática, y pese a declaraciones que acusan «con lo que queréis pagar algunos, las vías serían de madera», nos acabamos de dar cuenta de que más impuestos y más estado no es sólo más sanidad ni más educación ni más infraestructuras. Es también más corrupción. Sin excepción. Por eso hay que limitar el Estado.

España tiene ante sí una oportunidad histórica. Pero también una responsabilidad proporcional al tamaño de los recursos recibidos. Ignorar esta realidad sería el mayor error: porque cuando el dinero es tanto, el coste de hacerlo mal ya no es económico; es institucional y democrático.