Moncloa destina casi 15 millones de euros más a actos y congresos sobre la dictadura

Elecciones, escándalos, accidentes con decenas de muertos, caos por el tiempo adverso y otros muchos dramas diarios se suceden sin solución de continuidad. No nos da tiempo a digerir e integrar tanto drama, tanto escándalo; casi podría decir, sin temor a errar, que se está perdiendo la capacidad de entender y abordar las situaciones límite a las que nos enfrentamos a diario. No hay tiempo para lutos, para indignarse, casi ni siquiera para protestar.

Fruto de esa situación, y de esa pérdida patológica de la sensibilidad al drama y de la empatía necesaria para el funcionamiento de la sociedad, nacen las decisiones de un Gobierno liberado de cualquier anclaje moral. Se consolida así por la manifiesta impunidad que el caos cortoplacista le procura. Y fruto de esa impunidad, aquí tenemos las decisiones de esta semana de un Ejecutivo que lleva toda una legislatura sin aprobar cuentas:

—Fondo de contingencia, por un importe de 698.503.198 euros para atender a los gastos de las misiones de las Fuerzas Armadas en operaciones en el extranjero. Este acuerdo se sustrae del control de las Cortes Generales, control que debiera tener todo lo que tiene que ver con las operaciones militares en el extranjero.

—Actos de memoria histórica. El Gobierno autoriza una transferencia de crédito por importe de 14.600.000 euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la celebración de congresos, actos, conferencias, talleres y demás eventos, muchos de ellos basados en una visión muy particular y sectaria de la historia reciente de España. Entiendo que las jornadas que celebrará Arturo Pérez-Reverte no estarán incluidas en la financiación pública mencionada en este acuerdo.

—Autorización de más deuda en las comunidades autónomas. Este pasado martes se autorizó a varias comunidades autónomas a formalizar operaciones de deuda a largo plazo: Cataluña, por valor de 292.750.000 euros; Islas Baleares, por la friolera de 2.493.710.940 euros; Castilla y León, por 1.556.904.407 euros; y la Comunidad Valenciana, por 564.250.000 euros. En total, más de 5.000 millones de euros. La hipoteca crece.

—Nueva regulación de la financiación de productos sanitarios en el Sistema Nacional de Salud. En esta ocasión se regula la adquisición y financiación de productos sanitarios a pacientes no hospitalizados y se determinan los «márgenes» correspondientes a su distribución y dispensación. Este es un tema muy sensible y que afecta a miles de personas, que ven cómo medicamentos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento no están siendo financiados para su distribución en España por el Sistema Nacional de Salud. Hay miles de ejemplos de pacientes que demandan productos que mejorarían su vida y no pueden acceder a ellos por no estar incluidos en la cartera de servicios del SNS. Se me viene a la cabeza el caso de Leo, paciente de la terrible enfermedad llamada «piel de mariposa», y que lleva tiempo demandando el medicamento aprobado por la EMA «Vjuvek». Sirva esta pieza para apoyar su justa petición.

—Aprobación de una prestación universal por «crianza». Todas las familias con hijos menores van a disfrutar de una limosna que el Gobierno va a conceder para, según el texto del acuerdo, «acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030». Esa es toda la información que se nos ofrece: no se habla de cuantías, de plazos ni del gasto que va a suponer esta nueva «paguita».

—Ejecución del centro de primeras llegadas de Echedo, en Valeverde (El Hierro). Seguimos gastando cantidades ingentes de dinero público —en esta ocasión no se nos informa de los costes— para seguir consolidando a las Islas Canarias como lugar de recepción constante y creciente de la inmigración irregular. No hay, por el contrario, ninguna partida entre los acuerdos de este y otros consejos de ministros para combatir la inmigración ilegal.