Año y medio de inhabilitación para Torra por los lazos amarillos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral.

En su resolución, el tribunal razona los principales motivos en los que sustenta la inhabilitación al primer presidente de la Generalitat que ha sido condenado en el ejercicio de su cargo:

1. El mensaje estaba claro.

Torra se escudó en la dificultad de cumplir la orden, ya que afectaba a todos los edificios públicos.

En respuesta, El TSJC afirma que la junta se dirigió Torra con una orden «meridiana y explícita» para que retirara los símbolos, sin espacio para interpretaciones sobre su significado o «trascendencia, peso y gravedad». Continúa declarando que lo hizo además en unos términos «claros e imperativos», sin dejar «margen de error» en cuanto al «entendimiento y comprensión» de su contenido.

2. La libertad de expresión no ampara la desobediencia.

El condenado blandió el derecho a la libertad de expresión como uno de los «baluartes» en que apoyó su «renuencia» a cumplir la orden de la JEC. Lo hizo en sus escritos y también durante el juicio.

El TSJC rechaza que prohibir la exhibición de estos símbolos atente contra la libertad de expresión. Además, se remite al propio acuerdo de la JEC, que dictamina que los lazos amarillos y las ‘esteladas’ «tienen un significado partidista, inadmisible en período electoral», ya que representa a las aspiraciones de «solo una parte de la sociedad catalana, de forma que estos símbolos deben circunscribirse al ámbito de las formaciones políticas.

La sala se remite también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que señala que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sometido a «ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones» que requieran medidas necesarias en una sociedad democrática para proteger derechos ajenos.

3. No se han vulnerado sus derechos como acusado.

Torra denuncia haber sido víctima de «indefensión» y entiende que se han vulnerado sus derechos y su presunción de inocencia.

Para la sala, no ha existido «indefensión», porque Torra conoció desde el principio los hechos de que se le acusaba, que no han cambiado «en absoluto», y porque ha tenido ocasión de defenderse «de cada uno de los elementos objetivos» por los que fue juzgado.

4. Torra persistió en dicha desobediencia.

El tribunal es taxativo: Torra mantuvo una «abierta, recalcitrante y persistente resistencia» a cumplir la orden de la Junta Electoral y además hizo «alarde público» de su desobediencia.

5. La Junta Electoral Central tenía autoridad sobre el presidente.

La defensa de Torra cuestionaba la autoridad de la Junta Electoral Central (JEC) sobre el presidente de la Generalitat. Ante ello, el tribunal no tiene dudas: la orden de retirar los lazos amarillos emanaba de una «autoridad superior competente», el árbitro en período electoral, como recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral Central (LOREG).

Apunta también al hecho de que Cataluña es la única comunidad que no se ha dotado de una ley electoral propia ni de una Junta Electoral Autonómica, de manera que se rige por la LOREG, y por ello los casos que afecten a más de una provincia deben recaer en la Junta Central.

¿Qué pasará a continuación?

La condena de inhabilitación no es todavía firme, dado que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que la sentencia no implica que Torra sea apartado de su cargo de presidente de la Generalitat de forma inmediata.

Los grupos parlamentarios celebrarán una junta de portavoces en el Parlament tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de inhabilitar un año y medio a Torra. El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, ha sido el encargado de reclamar la reunión de la junta, a la que ha dado luz verde en el pleno el presidente del Parlament, Roger Torrent.