Asciende a casi el doble el número de menores internados en CIE en 2018

Un total de 84 menores de edad estuvieron internados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2018, una cifra que casi duplica los 48 de 2017. Son los datos que arroja, citando al Ministerio del Interior, el Informe CIE 2018: Discriminación de origen, elaborado por Servicio Jesuita a Migrantes (SJME), una entidad que trabaja «por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía».

El estudio destaca que «en 2018 fueron devueltas 7.203 personas y expulsadas 4.181, lo cual implica 11.384 repatriaciones forzosas, 2.058 más que en 2017″. Señala también que, aunque «crece poco el número de expulsiones (127), es notable el aumento de devoluciones (1.931). El 47,31% de las expulsiones se produjo por mera estancia irregular, mientras que el 51,71% de las devoluciones se produjo por entrada ilegal en patera». La devolución consiste en retornar a un extranjero cuando las autoridades lo interceptan tratando de acceder al país de forma ilegal o cuando lo detienen estando vigente la prohibición de acceso a España por una devolución anterior. La expulsión, por su parte, es una sanción que puede imponerse por distintos motivos y que implica su retorno al país de origen.

El informe también explica que «a lo largo de 2018 fueron internadas 7.855 personas: 7.676 varones y 179 mujeres. Procedían de 90 países distintos, pero solo destacan los 2.801 internos de Marruecos (35,66%) y los 2.511 de Argelia (31,99%)». El estudio considera «muy llamativa la concentración de internamientos por dos motivos: 5.502 por expedientes de devolución por entrada ilegal en patera (70,04%) y 1.246 por expedientes de expulsión por estancia irregular (15,86%)».

A juicio de la SJME, «es preciso dirigir una mirada al contexto de los CIE: los dispositivos provisionales de recepción y detención (polideportivos, instalaciones portuarias…) organizados por insuficiencia de las dependencias de las comisarías al aumentar el número de llegadas; los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE); o los centros de acogida humanitaria y de personas refugiadas a los que se deriva, o no, a las personas inicialmente retenidas en CATE o luego internadas en CIE». A la SJME le preocupan «dos problemas: la falta de detección temprana de personas con perfiles de especial vulnerabilidad y el trato discriminatorio dispensado a las personas de nacionalidad argelina o marroquí, detenidas en comisarías, mientras que se deriva a dispositivos de atención humanitaria y custodia a las de origen subsahariano o asiático».