La Audiencia Nacional da luz verde a la extradición a Venezuela de la enfermera de Chávez
La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y a la que las autoridades de su país reclaman por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación.
La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y a la que las autoridades de su país reclaman por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación. La medida adoptada por la justicia española se produce el mismo día en el que el Gobierno ha concedido la nacionalidad española por carta de naturaleza a cuatro venezolanos, entre ellos dos diputados opositores y una abogada de derechos humanos.
La sección tercera de lo Penal ha adoptado esta decisión con el visto bueno de la Fiscalía, que consideró procedente la entrega de la reclamada, que aparecía en la investigación de los «papeles de Panamá» por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada, según ha informado el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter.
En un auto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera que se dan todos los requisitos legales para proceder a la entrega. Los magistrados explican que concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo por cuanto los delitos por los que está reclamada Díaz Guillén serían constitutivos, de acuerdo con el Código Penal español, de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y blanqueo de capitales, cuyas penas máximas podrían alcanzar los 12, tres y seis años de cárcel, respectivamente.
La Audiencia a desestima también la alegación de la reclamada respecto de que es perseguida por motivos políticos y por tener ideas contrarias al Régimen actual de Venezuela.
El Tribunal considera que sin desconocer que existe un clima de convulsión e inestabilidad política y social en el país, las alegaciones no dejan de ser genéricas y no acreditan, “ni siquiera a modo de sospecha fundada, que la persecución por los delitos a que se refiere la demanda extradicional fuera por tener ideas contrarias al Régimen o que exista un peligro concreto de que vayan a ser anulados los derechos” de la reclamada, tal y como ha garantizado el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal de la República Bolivariana de Venezuela”.
Contra esta decisión cabe recurso ante el Pleno de la Sala de lo Penal y, de mantenerse, el Gobierno estará obligado a ejecutar la extradición.
Concedida la nacionalidad a cuatro opositores y activista de DDHH
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha detallado este viernes que el Ejecutivo ha aprobado cuatro reales decretos por los que se concede la nacionalidad española al director de orquesta Gerardo Jesús Estrada Martínez y al diputado del partido Voluntad Popular (VP), del opositor detenido Leopoldo López, Alexis Xavier Lope-Bello Clomenares.
Otro de los recién nacionalizados es el diputado Luis Germán Florido Barreto, uno de los opositores que el pasado mes de julio presentó una denuncia ante la Fiscalía venezolana contra el presidente Nicolás Maduro, por presuntamente haber incurrido en corrupción durante la campaña electoral.
También le ha sido concedida la nacionalidad a la abogada Tamara Suju, directora del instituto checo de derechos humanos CASLA, que ha presentado varias denuncias por torturas contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) y alertado de un «recrudecimiento de la represión sistemática» en el país caribeño.
Según el Gobierno, la razón de que les haya sido concedida la nacionalidad es que se trata de «personas muy vinculadas a España, uno por razón profesional, es director música, y tres por razones familiares, por tener hijos o familia».