La isla filipina de Boracay, cerrada al turismo por seis meses

Energía y medioambiente

La isla filipina de Boracay, cerrada al turismo por seis meses
Foto: MÖVENPICK BORACAY

El Gobierno de Filipinas ha cerrado al público la pasada noche la isla de Boracay, como anunció el 5 de abril, siguiendo la recomendación de los departamentos de Recursos Naturales, Turismo e Interior. El enclave turístico, al que el presidente filipino Rodrigo Duterte ha calificado de «cloaca» por la contaminación de sus aguas, permanecerá vedado a los visitantes durante los próximos seis meses con el objetivo de llevar a cabo trabajos de saneamiento, pese a que empresarios y trabajadores han protagonizado en las últimas semanas multitud de protestas exigiendo al Gobierno que modernice la isla por fases en lugar de optar por la vía radical.

La decisión de Duterte, que responsabiliza de las condiciones de la isla a los hoteles y a los turistas, se encuentra envuelta por la polémica, ya que su gobierno concedió en el pasado mes de marzo a una empresa de Macao, China, la licencia para un proyecto de construcción de un resort y casino en Bocaray por valor de 500 millones de dólares (407 millones de euros).

A partir de este jueves, solo los residentes que se identifiquen como tales o las personas que cuenten con la autorización del gobierno podrán acceder a Boracay. Alrededor de 36.000 personas verán afectados sus medios de vida por la clausura del destino vacacional, y se estima que las pérdidas podrían alcanzar los 56.000 millones de pesos (874.000 euros). Durante los próximos seis meses «no se cerrarán establecimientos, pero los turistas no podrán entrar», ha aclarado el comandante de la policía regional, Cesar Binag.

 

 

El cierre de Boracay se ha producido entre fuertes medidas de seguridad, con un despliegue de 600 agentes, incluyendo antidisturbios, para evitar incidentes. «Parece que estuviéramos en guerra, es como si las autoridades estuvieran actuando así para instigar miedo, para que la gente siga las reglas» ha afirmado Jessica Gabay, dependienta de una tienda en la isla filipina. Por su parte, el Gobierno ha sostenido que no existe ningún tipo de amenaza y que la presencia policial es «simplemente una forma de prepararse para lo peor«, informa Afp.

La clausura tiene como objetivo rehabilitar la isla para que esta sea «segura, viva y sostenible desde el punto de vista ambiental», según ha afirmado el secretario de Medio Ambiente, Roy Cimatu. Sin embargo, por ahora no existe un plan concreto para remodelar el enclave turístico. Únicamente se conoce la promesa de Cimatu de «restaurar los sistemas de aguas residuales y desechos sólidos», así como «derribar estructuras ilegales» y «revisar la red de carreteras y transporte» para evitar vertidos al mar y mejorar las infraestructuras. Duterte ha mencionado, por su parte, la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, puesto que los hoteles y las personas que allí se alojan habrían contaminado indiscriminadamente el mar, según ha denunciado el presidente filipino, informa Efe.