Bruselas expedienta a España por no sancionar a Volkswagen tras el escándalo del 'Dieselgate'
El caso se destapó en septiembre de 2015, cuando se detectó que Volkswagen utilizaba un software ilegal para falsear los datos de las emisiones. Desde entonces, el proceso judicial que investiga el asunto ha avanzado lentamente y sin demasiados resultados. En Estados Unidos parecía haberse llegado a una solución cuando Volkswagen se comprometió a pagar una multa de más de 13.000 millones de euros, pero el organismo de defensa de los consumidores ha vuelto a demandar a la compañía, que aún no ha asumido responsabilidades en Europa. El Ejecutivo comunitario carece de competencias directas para sancionar a la firma de automóviles, pero sí puede exigir a los Estados miembros que actúen. España tiene ahora dos meses para aplicar las medidas exigidas o el caso podría acabar en manos del Tribunal de Justicia de la UE.
Reuters
La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento contra siete países por haber incumplido sus responsabilidades comunitarias en materia de homologación de vehículos. En concreto, Bruselas acusa a España, Alemania, Luxemburgo, Grecia, Lituania, Reino Unido y República Checa de no haber impuesto las correspondientes sanciones a Volkswagen en relación al llamado ‘Dieselgate’, el escándalo sobre las manipulaciones de las emisiones de gases de los motores diésel por parte del fabricante alemán.
El caso se destapó en septiembre de 2015, cuando se detectó que Volkswagen utilizaba un software ilegal para falsear los datos de las emisiones. Desde entonces, el proceso judicial que investiga el asunto ha avanzado lentamente y sin demasiados resultados. En Estados Unidos parecía haberse llegado a una solución cuando Volkswagen se comprometió a pagar una multa de más de 13.000 millones de euros, pero el organismo de defensa de los consumidores ha vuelto a demandar a la compañía, que aún no ha asumido responsabilidades en Europa. El Ejecutivo comunitario carece de competencias directas para sancionar a la firma de automóviles, pero sí puede exigir a los Estados miembros que actúen. España tiene ahora dos meses para aplicar las medidas exigidas o el caso podría acabar en manos del Tribunal de Justicia de la UE.
