Capriles pedirá medidas cautelares para "suspender" su inhabilitación

Los abogados del gobernador del céntrico Estado venezolano de Miranda, Henrique Capriles, han informado hoy de que pedirán medidas cautelares para «suspender» la inhabilitación de 15 años que la semana pasada le impuso al opositor la Contraloría General de Venezuela, que le impide ejercer «funciones públicas».

«Estamos ahorita analizando, estudiando las distintas estrategias», ha dicho en rueda de prensa Rafael Chavero, uno de los abogados del gobernador venezolano. El letrado ha explicado que, contra la decisión de la Contraloría, se puede «ejercer un recurso de reconsideración ante el mismo contralor, o ejercer un recurso de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia» (TSJ).

Señaló que también cuentan con otras «instancias internacionales» a los fines de «pedir medidas cautelares«, aunque no detalló a cuáles irán, ni cuándo. «Estamos evaluando cuál de todas estas herramientas es la más indicada para hacer valer la defensa del gobernador», sostuvo. «Pediremos las medidas cautelares que sean necesarias para suspender este acto claramente arbitrario y, bueno, esperando que haya algún espasmo de justicia y que de algún modo se respete nuestra Constitución y se suspenda esta inhabilitación», agregó.

Seguirá siendo gobernador

Sin embargo, Chavero resaltó que Capriles seguirá siendo gobernador hasta que haya elecciones regionales ya que, por Constitución, la Contraloría no puede revocar el mandato de un funcionario electo por voto popular. «Esas inhabilitaciones no están hechas para funcionarios de elección popular (…) eso es para funcionarios, en todo caso, administrativos», aseguró, a la vez que indicó que Capriles cesará de sus funciones solo cuando los mirandinos elijan un nuevo gobernador.

La Contraloría de Venezuela inhabilitó el pasado viernes por un periodo de quince años al dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela por aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013.

Según la resolución enviada a Capriles, la Contraloría declaró su «responsabilidad administrativa» luego de haber celebrado tres convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido que el gobernador registró como donaciones, informa Efe.