Los periodistas a quienes incautaron material de trabajo se querellan contra el juez
La polémica por la incautación de un teléfono móvil a un periodista del Diario de Mallorca en el marco del caso Cursach ha llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial. Después de que distintos representantes de los medios de comunicación se pusieran en contacto con el organismo a raíz de esta confiscación, la Comisión Permanente de la entidad ha manifestado que «comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación» porque la «Comisión Permanente afirma que los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva y se constituyen en pieza clave» del «Estado social y democrático de Derecho» y añade que «sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática». Por ese motivo, «manifiesta su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información».
Editora Balear, propiedad de Diario de Mallorca, la agencia Europa Press, y los dos periodistas a los que el juez Miguel Florit ordenó incautar material de trabajo, han presentado hoy, en Palma, una querella criminal contra este magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Mientras, el Consejo General del Poder Judicial ha mostrado su «compromiso» con el periodismo en este caso.
En la querella presentada 48 horas después de la incautación, cuyo escrito ha sido facilitado a Efe, se acusa al juez Florit de los delitos de «prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción». En el escrito se solicita que el Tribunal Superior de Justicia ordene al Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma de Mallorca y a la Policía Judicial «la inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados en ejecución del auto calificado en la presente querella como prevaricador.
Además, se pide al Tribunal que se elimine de forma inmediata cualquier «dato o copia que se haya extraído de los mismos, que se haya hecho constar en cualquier soporte material o virtual, en papel o informático». También reclama que el juez Florit declare y que lo hagan también los dos periodistas en calidad de testigos.
La Policía Judicial por orden del juez Florit requirió al pasado martes al periodista de Diario de Mallorca José Francisco Mestre la entrega de su teléfono móvil y sus claves de desbloqueo. El mismo día una comisión judicial incautó el móvil, ordenadores y otro material de trabajo a la periodista de Europa Press Blanca Pou en la delegación de la agencia en Palma
El juez Florit ordenó estas incautaciones con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación sobre una filtración a la prensa relacionada con el llamado caso Cursach en respuesta a una solicitud presentada por la Fiscalía y los representantes legales de Bartolome Cursach, el mayor empresario balear del negocio del ocio nocturno.
«El Magistrado querellado ha tratado de burlar el secreto profesional jibarizando artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional si los dispositivos o bases de datos de cualquier índole en los que los periodistas introducen su material de trabajo o en los que quedan registro de las comunicaciones con sus fuentes pueden ser registradas y/o incautadas», señala el escrito de la querella.
La polémica ha llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después de que distintos representantes de los medios de comunicación se pusieran en contacto con el organismo a raíz del conflicto, la Comisión Permanente de la entidad ha manifestado que «comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación» y que «manifiesta su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información«.
Con todo, el CGPJ ha recordado también a los periodistas que el organismo no es competente para revertir una resolución de un juez. «Los propios profesionales que se dirigen al Consejo conocen la doctrina constante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que afirma que una vez que un juez ha adoptado una resolución judicial no le cabe al Consejo interferir para modificar su contenido» ya que «la cuestión jurisdiccional es un territorio exento de cualquier interferencia del Consejo General del Poder Judicial». Y añade que «lo contrario implicaría una intromisión indebida de este órgano de gobierno con la potestad jurisdiccional de los tribunales incompatible con las funciones y competencias del Consejo y con la independencia de los jueces y tribunales».
