Chaves admite que conocía las ayudas de los ERE pero "no sabía cómo se daban”

El expresidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves ha reconocido este lunes en el juicio de la pieza política de los ERE que “conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales” pero ha asegurado que desconocía “cómo se daban” porque no correspondía a su “ámbito político de decisión”.

Chaves, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación, se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluido el también expresidente de la Junta José Antonio Griñán, acusados de crear o mantener un “procedimiento específico” con el que se repartieron más de 850 millones de euros en ayudas entre 2001 y 2011 de forma arbitraria, eludiendo los controles, según la Fiscalía.

El que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años ha admitido en su declaración este lunes que sabía que se daban ayudas sociolaborales en el ámbito educativo y en otros, pero “cuál era el procedimiento, con qué requisitos o quiénes eran los beneficiarios, no entraba en mi ámbito político de decisión”.

En respuesta a las preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, Chaves ha defendido que “en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno” existía la convicción de que “cualquier ayuda” se otorgaba conforme a la ley. “Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley”, ha argumentado.

Además, el exdirigente del PSOE ha manifestado que durante sus años como presidente de la Junta se reunió con numerosos comités de empresa y sindicatos debido a las crisis laborales en numerosas empresas. “Lo anormal es que un presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi”, ha dicho, tras subrayar que estos encuentros eran “un acto de normalidad democrática”.

El pasado miércoles declaró en el juicio José Antonio Griñán, que sucedió en el cargo a Chaves, quien dijo desconocer “exactamente” el programa de ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo porque el programa “era insignificante” dentro de las cuentas de este departamento.

Griñán, al contrario que Chaves, sí se enfrenta a una pena de prisión, pues el fiscal Anticorrupción Manuel Fernández solicita seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por prevaricación y malversación.