El viaje al crimen autorizado de Marcela Turati
La periodista mexicana explora la cohabitación entre el estado y el narco en su último libro
«¿Por qué se sigue dando la cohabitación entre el estado y el narco?», se preguntaba la periodista mexicana Marcela Turati hace unos días en la Casa América de Barcelona, donde vino a presentar su investigación periodística San Fernando. Última parada. Viaje al crimen autorizado, un libro que le ha llevado más de una década de trabajo y que ha sido merecedor del Premio de Periodismo Javier Valdez Cárdenas, periodista asesinado en 2017 en Culiacán.
Se trata de un libro caracterizado por el realismo siniestro de los testimonios que incluye (víctimas, familiares, testigos y funcionarios), que nace en agosto de 2010, cuando en la población mexicana de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, casi llegando a Texas, se encuentran los cadáveres de 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) que yacían inertes, «recargados unos contra otros, caídos en el piso de tierra de una bodega abandonada, arrinconados junto a las paredes de concreto; sus cuerpos maniatados, los ojos vendados, el tiro en la cabeza» escribe Turati. Se trataba de migrantes de diversos orígenes (aunque principalmente centro y suramericanos), asesinados durante su tránsito por México rumbo a Estados Unidos, en lo que se conoció como la Masacre de los 72. Nunca quedó claro del todo el por qué de dicha matanza. Unas voces decían que fueron asesinados por negarse a incorporarse a las filas de los Zetas, otros que era un mensaje de los Zetas a sus rivales, el Cartel del Golfo, y aun una tercera versión indicaba que se trataba de un mensaje para el gobierno.
Lo que es indubitable es que se trata de la primera masacre que trascendió internacionalmente y que dirigió todas las miradas hacia esta zona norteña del estado mexicano, hacia San Fernando, uno de los 43 municipios que conforman el estado de Tamaulipas, municipio bisagra que hace frontera con el sur de México, el mar y la tierra continental, que cuenta con una enorme costa de casi 100 kilómetros al este, que baña el Golfo de México y que por aquel entonces tenía una población de unas treinta mil personas.
Esta masacre, a la que las autoridades denominaron oficialmente como «San Fernando 1», y que sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón, habría de tener continuación con una atrocidad aún mayor, conocida en la jerga forense y ministerial como «San Fernando 2», que se dio a conocer en abril de 2011.
Desde principios de 2011, a las terminales de Reynosa y Matamoros llegaban más maletas que pasajeros. «Los bultos, las mochilas, los maletines, las chamarras encontradas entre los asientos, sin dueño que las reclamara, se fueron acumulando en las terminales de autobuses. Eso no activó alerta alguna. Las compañías de transporte, además de guardar el equipaje no reclamado, también guardaron silencio. Igual que las autoridades», escribe Marcela Turati en su libro. Los Zetas, con la complicidad de las autoridades locales, estaban haciendo desaparecer gente.
La consecuencia de ello fue el descubrimiento, a partir del 01 de abril de 2011, de fosas repletas de cadáveres asesinados con una crueldad asombrosa. Se contabilizaron 47 fosas hasta que se suspendió el conteo público en mayo (por lo que es imposible saber la cifra exacta de cuerpos que quedaron en Tamaulipas, ya que las siguientes excavaciones se hicieron en secreto). El gobierno federal admitió la existencia de 193 cuerpos, de los que cargó 120 en un camión refrigerado camino del Distrito Federal, argumentando que no cabían en las morgues locales.
Por aquel entonces, trabajaba Marcela Turati en el diario El Proceso (donde continúa reportando en la actualidad) y el periódico, al haberse enterado de que se estaban exhumando estas fosas, le mandó a cubrirlo. «Esta historia me habitó», confiesa Turati, quien se habría de pasar los siguientes trece años recopilando información sobre este hecho, dejando que lo acontecido allá le siguiese habitando. De ahí es de donde surge este libro: San Fernando. Última parada. Viaje al crimen autorizado. Un libro coral, necesariamente incompleto y no concluyente, debido «a la opacidad en la que se desarrollaron los hechos y la impunidad en que permanecen». De hecho, nadie ha sido condenado todavía a día de hoy por las atrocidades cometidas y se mantienen como secretos de Estado las investigaciones judiciales.
Escribe Marcela Turati en el prólogo de su libro: «Aún los poderes políticos y económicos que habilitaron las masacres y las desapariciones aquí relatadas siguen intactos», y ellos, los perpetradores de estos crímenes autorizados no se han ido, «siguen ahí» —como dice en San Fernando mucha gente— entre las sombras, o cambiaron de rol y hoy son más visibles e influyentes».
Se estima que en todo el país hay más de 77.000 cuerpos no identificados y existe un registro de 116.000 personas desaparecidas.
Una historia coral
San Fernando. Última parada. Viaje al crimen autorizado es un libro duro, difícil de leer de corrido, ya que parece una historia de terror, pero es real. Un libro que, además, rehuye las explicaciones sencillas para adentrarse en la extrema complejidad de la violencia en México. «Intenté hilvanar historias para tratar de entender cómo se permitió aquello», cuenta Turati, quien añade que «yo no hablo de números, ni de casos, hablo de seres humanos». Y es que el libro quiere explicar la crisis forense sucedida en aquellos años en Tamaulipas. Por ello, «es duro leer el libro, hay que tomarlo como el mezcal, poco a poco, a sorbitos», afirma la periodista mexicana sobre una publicación que trata de explicar la impunidad, que busca el origen de aquellos atroces acontecimientos. De cualquier forma, opina Turati que «se trata de un libro esperanzador, porque el modelo que intenta mostrar, donde hay un equipo investigador independiente es esperanzador, pero también por la organización de las familias que consiguieron arrebatarle los cuerpos al estado». Es un libro muy auditivo, «que se basa en la escucha, porque quiero que la gente escuche a esas familias, esas familias que han perdido a sus seres queridos de esa forma tan atroz».
No se trata, así, solo de una historia sobre la tragedia, porque el libro no se queda en la destrucción, en los cadáveres y el sufrimiento de la gente, sino que, además de permitir entender cómo opera «el sistema que tortura y revictimiza a las víctimas», muestra los lazos de amor y solidaridad que se tejieron alrededor de esas muertes. Con ello, Marcela Turati demuestra cómo las familias, después de años de luchas, consiguieron recuperar los cuerpos de sus seres queridos, que en muchos casos el gobierno mexicano trataba de hacer desaparecer de nuevo en otras fosas, al tiempo que señala la culpabilidad y complicidad del gobierno con el régimen del terror. Las víctimas, así, tratan de cambiar la historia, resquebrajando esa zona de silencio y muerte, «un espacio gobernado por una franquicia criminal que sometió a la población para controlar el territorio y magnificar sus ganancias económicas, en una región cedida por los políticos a las mafias de las que forman parte, en un país donde las instituciones de prevención ciudadana y procuración de justicia están podridas, traicionaron a la gente que debían de cuidar», afirma.
Silencio, complicidad y miedo
«Es peligroso investigar desapariciones porque todo te acaba llevando al gobierno», dice Marcela Turati al ser preguntada por las dificultades de sus investigaciones, añadiendo que «investigar un crimen es más peligroso que cometerlo». Y sobre este particular, el de la carencia informativa, cuenta la periodista que pensó durante muchos años que no había en San Fernando periodistas, ya que las noticias se conocieron porque venían de ciudades como Matamoros o directamente de México D.F,, movidas por el cartel local, el cartel del Golfo, que les exigía a los reporteros que publicaran los hechos acontecidos para perjudicar a sus rivales, los Zetas, que son quienes dominan la zona de San Fernando. Y es que la prensa local estaba amordazada, silenciada. Los Zetas se convirtieron en los «jefes de redacción» y así periodistas y administradores de redes sociales de los medios de la región escribían apenas sobre aquello que se les permitía y respetaban la censura sobre determinados temas.
Pero el miedo y el silencio venía también del lado de los pobladores del lugar, a quien Turati llama «los ciegosordomudos», que se acostumbraron a mirar y callar (pues su vida estaba en juego), así como es gravosa la palmaria obsecuencia de las autoridades locales, quienes se excusaban constantemente en un «a mí no me tocaba», «no era mi responsabilidad» o «no teníamos personal suficiente».
Respecto de las presiones sufridas a la hora de investigar estos crímenes, cuenta Marcela Turati que fue espiada con el célebre programa Pegasus, el software de espionaje israelí, y acusada por el estado mexicano de «delincuencia organizada y secuestro» para tratar de amedrentarla. A día he hoy es una causa que sigue abierta, aunque parece que en vía muerta.