Cultura pierde cuatro millones en la venta de entradas al contratar a una firma insolvente

Un agujero de cuatro millones de euros en las cuentas públicas y problemas en la venta de entradas en los teatros estatales. Este ha sido el colofón final de un accidentado proceso de licitación pública durante las etapas de los ministros Miquel Iceta (PSC) y Ernest Urtasun (Sumar). Bajo la tutela del primero, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura, renovó la adjudicación de la venta de tickets por internet a una empresa que se encontraba en ese momento en insolvencia técnica, y que, como era previsible, ha acabado quebrando dejando una deuda con el erario de cuatro millones de euros. Ya con Urtasun al frente del departamento, el INAEM trató de subsanar la pérdida repentina del servicio licitándolo de nuevo por la vía de emergencia. Desde entonces, la gestión está en manos de un fondo de Baréin.

Este contrato defectuoso no solo ha perjudicado a los espectadores de los teatros públicos que han tenido problemas a la hora de adquirir sus billetes, sino al conjunto de los contribuyentes españoles, que por ahora han perdido cuatro millones de euros. En febrero de 2021, todavía con la pandemia de covid como protagonista, la Vicepresidencia económica del Gobierno, entonces en manos de la socialista Nadia Calviño, hacía hincapié en evitar rescatar empresas zombies; en otras palabras, que los fondos públicos extraordinarios para sostener la economía frente al coronavirus no cayeran en el saco roto de empresas tan deterioradas que ya eran insalvables. En paralelo, el Ministerio de Cultura de Iceta adjudicaba, a través del INAEM, un contrato valorado en 1,85 millones de euros a una sociedad en insolvencia técnica.

Se trata del grupo Meana, una empresa actualmente disuelta que por ese entonces acababa de recortar su plantilla de 66 a 58 empleados -años después prescindiría de casi todos ellos, salvando una quincena de trabajadores, y vendería parte del negocio- y que tenía que afrontar el pago de obligaciones a corto plazo de 3,9 millones de euros, pero solo contaba con liquidez de 1,7 millones de euros, de modo que su insostenibilidad financiera era evidente. En los años posteriores, los activos corrientes -dinero o posesiones líquidas- se incrementaron hasta los 2,1 millones de euros, pero los no corrientes -con valor pero sin liquidez inmediata- se deterioraron y también se dispararon los pasivos a corto plazo hasta los seis millones de euros, según las cuentas de 2023, las últimas presentadas ante el registro mercantil. La compañía informática fue fundada por el dueño de la desaparecida cadena de supermercados El Árbol, José Luis García Meana, que tenía la mitad de las acciones del grupo; Ángel y Teresa García Menéndez tenían una participación del 25% en el capital cada uno.

Entre 2021 y 2025, es decir, ya estando en insolvencia técnica, la firma entonces encargada de vender las entradas de los teatros públicos del INAEM por internet obtuvo 41 contratos públicos de -por orden de cantidad- la Administración local, la autonómica y la del Estado, con un valor total de 3,5 millones de euros. Además, en 2023 se hizo con un crédito de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aliviar las consecuencias de la guerra de Ucrania, aunque, como se ha dicho, el deterioro financiero fue anterior al conflicto armado del este de Europa. Una de las licitaciones más significativas, no solo por su cantidad sino por las extrañas condiciones de la misma, fue la del INAEM, dirigido entonces por Amaya de Miguel. Suponía la renovación de un contrato con valor estimado de 1,1 millones de euros adjudicado en 2016, con Montserrat Iglesias como directora general y el popular Íñigo Méndez de Vigo como ministro; la externalización de la taquilla digital se renovó pese a la situación financiera. Ni el Instituto ni el Ministerio han aclarado si se analizó la solvencia y los balances contables de la sociedad antes de concederle dinero público, ni han respondido al resto de consultas de THE OBJECTIVE. Ante el silencio del Gobierno, las posibles lecturas son múltiples. «Está claro que ahí habría algún tipo de interés en adjudicárselo a esa empresa, pero luego en la ejecución han fallado estrepitosamente», aventura una fuente jurídica especializada en contratación pública.

Sin embargo, quizá lo más desconcertante de este proceso de adjudicación sui generis sea la forma en que Meana consiguió no solo un contrato significativo con la Administración, sino también condiciones de financiación muy ventajosas. En 2017, INAEM licitó la creación de cuentas bancarias para gestionar los ingresos por la venta de entradas de los teatros del INAE y del Castillo Palacio de Magalia, además de la habilitación del personal del Instituto, y se encomendó esta tarea al BBVA. Sin embargo, el contrato expiró cuatro años más tarde. Según publicó La Nueva España y recogen los edictos, autos e informes del administrador concursal y del Juzgado 2 de lo Mercantil de Oviedo, en la última fase de su colaboración con la Administración, grupo Meana ingresaba la recaudación en cuentas de su titularidad, con la obligación -que incumplió- de transferirla cada dos semanas a los organismos públicos, INAEM y Patrimonio Nacional, generando así una deuda «superior en conjunto a los cuatro millones de euros». Estos documentos describen además una situación de espiral de préstamos bancarios a corto plazo en el que entró el grupo en su fase terminal con la esperanza de alargar su supervivencia, pero que solo agravaron el problema al generar cada vez más costes financieros. Si regar con dinero público a una empresa insolvente ya suponía en sí mismo una interpretación creativa de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige acreditar solvencia económica y financiera, la situación se vio agravada al darle las llaves de la caja pública de recaudación, lo que permitió que se apropiara de una cantidad muy superior a la que se había fijado en la licitación.

Vetar a Israel y pagar a Baréin: «Doble rasero»

Para subsanar la pérdida repentina del servicio de ticketing por la disolución de la compañía, en marzo de 2025 -ya con Urtasun como ministro y María Paz Santa-Cecilia como directora general- se sacó a licitación por la vía de emergencia para encontrar a un sustituto, en este caso la tecnológica Hiberus. El importe era de 60.000 euros, pero dos meses más tarde se publicaron dos modificaciones que lo elevaban a 109.287 euros con una breve justificación: «Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales a cargo del contratista inicial. Mantenimiento de las condiciones de emergencia». En paralelo, se contrató a otra empresa con la que trabajar más a largo plazo, más allá de esta urgencia puntual. Es así como la gestión del servicio terminó recayendo en Impronta (Vivaticket), propiedad de un fondo de inversión de la gestora bareiní Investcorp. Una de las circunstancias que se valoraron fue esta entidad contaba con el software Jano, «desarrollado en 20 años de experiencia» e «implantado en la venta de entradas de los teatros Calderón de Valladolid, Cervantes de Málaga o Auditorio Adán Martin de Tenerife, Lope de Vega, Coliseum y Alcalá en Madrid, entre otros, además de estar integrado en canales de venta de entidades bancarias y de grandes comercios».

La adjudicación no tendría la menor trascendencia de no ser porque entra en contradicción directa con las manifestaciones públicas del ministro del ramo. Diplomático de carrera, Urtasun ha sido uno de los políticos europeos más activo en la denuncia de las violaciones de los Derechos Humanos en el reino árabe, rechazando junto a las ONG internacionales las torturas y ejecuciones por parte del régimen. Además, en varias comparecencias públicas y entrevistas ha asegurado que gestoras como la israelí KKR, «igual que muchos otros fondos», han penetrado en sectores como el de la cultura. Ha llegado a afirmar que «KKR no es bienvenido en la cultura española», que no debería estar «manchada por la participación de este tipo de fondos» que vincula a vulneraciones de los DDHH. ¿Por qué el ministro señala a un fondo israelí y se opone a su participación en operaciones privadas, pero no controla -por ejemplo, a través de cláusulas éticas- si el dinero público gestionado por su Ministerio termina en los bolsillos de una gestora conocida por su estructura opaca y estrechamente vinculada al régimen de este microestado islámico? Que el político ecosocialista censure hacer negocios con Israel por principios puede resultar incoherente cuando permite tratos con una firma bareiní a la vez que su número dos leninista defiende públicamente un acercamiento entre España y China, donde entre uno y dos millones de uigures y musulmanes son concentrados en campos de «reeducación».

Para Juan Caldés, coordinador europeo de la European Jewish Association, estamos ante un nuevo caso de «doble rasero» por parte de representantes de Sumar y Podemos. «Con Baréin hacen la vista gorda, igual que si hubiese sido con Catar o Irán», lamenta, y añade que este espacio político «ha abanderado la causa palestina antes que los intereses de los españoles». En el caso de Sumar, el partido de Urtasun -que se refiere al conflicto en Gaza como «genocidio»-, pone como ejemplo que la vicepresidenta Yolanda Díaz corease el lema de los yihadistas de Hamás y del régimen de Teherán, «desde el río hasta el mar». «Es una proclama genocida abierta: desde el río Jordán hasta el Mediterráneo no quedará un judío», denuncia. Y se pregunta «quién pone el baremo de con qué países podemos negociar y cuáles no», ya que, «teniendo en cuenta que la mitad del mundo vulnera derechos esenciales», un enfoque geopolítico idealista puede conducir a una postura «hipócrita». El representante de la European Jewish Association detecta «el tufillo antisemita de siempre, de todo lo que tenga que ver con Israel, y vista gorda con el resto del mundo».

Considera que, si bien Sumar y Podemos tienen choques y diferencias, les une el antisionismo, que define como la manifestación contemporánea del antisemitismo, pues este tipo de discriminación tradicionalmente se expresaba con un rechazo abierto a la religión o la etnia, pero ha evolucionado en una «persecución, negación o doble estándar al pueblo judío por tener su propio estado, porque basta ver cómo adoran a los judíos muertos, en referencia al Holocausto y al pasado en cuanto a persecuciones e intentos de exterminio contra el pueblo judío, pero a los vivos de hoy en día solo hace falta ver como los tratan. Asimismo, recuerda que «Pablo Iglesias cobraba de la productora iraní HispanTV», cuando Teherán es responsable de «barbaridades» contra las mujeres y de una represión homofóbica brutal. «Estos son los que luego defienden los derechos LGTB, mientras en el país que les financia los cuelgan, mientras Tel Aviv es la ciudad con más bares y restaurantes LGTB y tiene la marcha del Orgullo cada año». Por último, recuerda que «en la extrema derecha, siempre el antisemitismo es a través de la raza y en la extrema izquierda lo disfrazan de una forma más inteligente, porque lo camuflan a través del antisionismo, que es el antisemitismo moderno». «Ya está bien de dobles estándares e hipocresía», remacha.

El servicio de venta de entradas se resiente

Este lío en la contratación ha acabando afectando la calidad del servicio, según denuncia José Manuel, un espectador habitual de las funciones del INAEM. Explica que «la venta paralela había coexistido perfectamente mucho tiempo y se sacaban a la vez entradas en taquilla y en internet», pero lamenta el modo en que se ha gestionado el espectáculo antifascista 1936. Tal y como informaron varios medios, miles de entradas se agotaron en cuestión de horas. Salieron en formato de preventa el 4 de agosto a través del servicio de tickets online, y como se agotaron, no fue posible adquirirlas presencialmente. «El público del INAEM es un público muy fiel, pero si los tratas así, puede que se vayan», advierte este cliente, que percibe un «monopolio público» que perjudica al usuario.

Manifiesta que, hasta ahora, «estos contratos raros al público no le habían perjudicado», pero «ahora es en perjuicio de los consumidores, en este caso, los analógicos». Recuerda que muchas personas mayores no saben cómo sacar entradas desde un ordenador, y muchas otras no disponen de conexión a internet, por lo que considera que un servicio público debería garantizar la equidad en el acceso a la cultura. «Tengo más de 60 años, he sido profesor y uso internet, pero no a todas horas y me gusta sacar las entradas por taquilla», defiende, añadiendo que «muchas personas mayores se acercaron a preguntar por las entradas de 1936», y se les indicaba que se podrían adquirir presencialmente en septiembre, pero se agotaron tan rápido en preventa que solo los jóvenes o los usuarios digitales más rápidos pudieron hacerse con una butaca, con una cola virtual que acumulaba cientos de usuarios. El espectáculo, que analiza la Guerra Civil, el capitalismo, los golpes de estado y los conflictos bélicos y tiene una duración aproximada de cuatro horas, se estrenará el 12 de septiembre y se interpretará en la Sala Grande del Teatro Valle-Inclán de Madrid hasta el 12 de octubre.