José Bonaparte, el rey que gobernó una España ya fracturada

El 7 de enero de 1768 nació en Córcega un hombre destinado a gobernar sin ser aceptado, a reformar sin ser escuchado y a reinar sin reino. José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, fue rey de España durante cinco años decisivos, aunque su nombre apenas ocupa hoy un lugar incómodo en la memoria colectiva: el del monarca impuesto, el extranjero, el derrotado.

Su reinado coincide con uno de los momentos fundacionales de la España contemporánea: el derrumbe de los Borbones, la invasión francesa, la Guerra de la Independencia y el despertar del liberalismo político. Sin embargo, José I sigue siendo poco más que una caricatura —Pepe Botella, el rey borracho—, una simplificación que dice más de la propaganda de guerra que de la realidad histórica.

La caricatura ha cumplido, además, una función exculpatoria. Al reducir el problema a la figura del monarca impuesto, se evita afrontar el descrédito profundo de la dinastía borbónica en los años previos a 1808. Carlos IV había delegado el poder efectivo en Manuel Godoy, la corte era percibida como corrupta e incompetente y la crisis de legitimidad alcanzó su punto culminante con las abdicaciones de Bayona. Cuando Napoleón intervino, no lo hizo sobre un Estado sólido, sino sobre una monarquía ya erosionada desde dentro.

Comprender quién fue José Bonaparte no implica rehabilitarlo, pero sí asumir una verdad incómoda: la España moderna nació en oposición a Napoleón, pero también en diálogo —conflictivo y traumático— con las ideas que su imperio introdujo. Y José fue el rostro visible de ese experimento fallido.

José I Bonaparte llegó a España no solo como un rey impuesto, sino como la encarnación de un intento de reforma en un país que ya estaba fracturado antes de que entraran las tropas francesas. Reducir su figura a la caricatura de Pepe Botella —apenas sostenida por la evidencia histórica— ha servido durante dos siglos para evitar una pregunta incómoda: ¿por qué una parte nada desdeñable de las élites españolas aceptó, colaboró o al menos no combatió activamente su reinado?

España en 1808 no era una nación homogénea levantada en armas de manera unánime contra el invasor. Era un país exhausto, con una monarquía desacreditada, una administración ineficiente, una economía maltrecha y una profunda brecha entre el mundo ilustrado urbano y una sociedad mayoritariamente rural y profundamente tradicional. La Guerra de la Independencia no fue solo una guerra nacional: fue también una guerra civil larvada, un conflicto de legitimidades y un choque de modelos de Estado.

A esa fractura se sumaban tensiones territoriales, resistencias locales y una estructura administrativa incapaz de proyectar autoridad de manera uniforme. Las juntas provinciales surgidas tras el vacío de poder no respondían a un proyecto nacional común, sino a lealtades inmediatas y a una profunda desconfianza hacia cualquier poder central. La idea misma de España como sujeto político unificado estaba aún en construcción, y la guerra aceleró ese proceso al tiempo que lo hizo más violento y contradictorio.

José Bonaparte, hombre culto, políglota y de talante moderado, intentó gobernar desde esa grieta. Su proyecto no fue revolucionario en el sentido jacobino del término, sino reformista: abolición de la Inquisición, supresión de privilegios feudales, reorganización administrativa y racionalización fiscal. Medidas que hoy asociamos al nacimiento del Estado contemporáneo, pero que en la España de comienzos del siglo XIX se percibían como una agresión directa al orden social, religioso y simbólico.

A ello se sumó una limitación decisiva: José I nunca gobernó un territorio plenamente pacificado. Su autoridad dependía de la presencia militar francesa y se diluía fuera de las principales ciudades. El rey legislaba, pero apenas gobernaba; promulgaba decretos que rara vez se aplicaban; diseñaba reformas que chocaban tanto con la resistencia popular como con la lógica militar del Imperio, que priorizaba la guerra sobre la administración. Incluso Napoleón mostró pronto impaciencia ante un reinado incapaz de producir estabilidad.

El Estatuto de Bayona (1808) —frecuentemente despachado como una mera imposición napoleónica— refleja bien esta ambigüedad. No fue una constitución liberal plena, pero tampoco una simple farsa. Introdujo principios de legalidad, derechos individuales y límites al poder que muchos españoles conocerían por primera vez bajo un rey al que nunca aceptarían como propio.

El problema no fue tanto el contenido del Estatuto como su origen. En una cultura política donde la legitimidad descansaba en la tradición, la religión y la continuidad dinástica, cualquier texto emanado de Bayona nacía lastrado. La experiencia constitucional española acabaría cuajando en Cádiz precisamente porque se construyó en oposición al invasor, aunque incorporara buena parte del lenguaje político que este había introducido.

Frente al mito de una España monolíticamente resistente, los llamados afrancesados no fueron traidores en bloque, sino un grupo heterogéneo de funcionarios, intelectuales y juristas que vieron en la tutela francesa una oportunidad —equivocada, a la postre— para modernizar un país que consideraban anclado en el pasado. Su derrota fue también cultural: con la vuelta de Fernando VII no solo se restauró el absolutismo, sino que se impuso una narrativa oficial que identificó reforma con traición y modernidad con extranjería.

Muchos de ellos acabarían en el exilio, especialmente en Francia, desde donde contribuyeron a elaborar una imagen de España como país atrasado y refractario a la modernidad. Esa herida cultural marcaría el siglo XIX español y alimentaría una dialéctica persistente entre tradición y reforma que aún hoy sigue presente en el debate público.

La violencia popular, exaltada posteriormente como epopeya nacional, fue real y brutal. Y lo fue tanto contra el invasor como contra los propios españoles sospechosos de colaboración. La guerra no solo destruyó ciudades y economías: quebró la posibilidad de una transición política ordenada y dejó una sociedad profundamente traumatizada.

Cuando José I abandonó España en 1813, lo hizo como un rey sin reino, pero también como el símbolo de una modernidad abortada. El liberalismo español emergería en Cádiz y en las décadas posteriores no solo contra Napoleón, sino también en diálogo forzado con muchas de las ideas que su imperio había introducido.

Reconocer esta complejidad no implica justificar la invasión francesa ni minimizar el sufrimiento causado por la guerra. Implica asumir que la España contemporánea no nació de una victoria clara, sino de un trauma fundacional. Que su Estado moderno se forjó entre la resistencia y la ruptura, entre la tradición y la reforma.

La historia, como la memoria, es siempre más incómoda cuando se resiste a los eslóganes. Y quizá por eso José I sigue siendo un rey incómodo: no porque represente al enemigo, sino porque obliga a mirar de frente una España que ya estaba rota antes de que llegaran los franceses.