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Denuncian un aumento del acoso a mujeres que van a abortar: 8.000 desde 2010

La plataforma Pro Derechos pide que se abran las investigaciones de oficio, ante un atestado policial, sin obligar a las mujeres a ir a denunciar

Denuncian un aumento del acoso a mujeres que van a abortar: 8.000 desde 2010

Más de 8.000 mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas y amenazadas de algún modo cuando acudieron a clínicas de interrupción de embarazo (IVE) desde 2010, fecha de aprobación de la ley del aborto, según ha denunciado la plataforma Pro Derechos. La plataforma creada por 62 organizaciones -entidades feministas, sindicatos y clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI), entre otras- reclama que se protejan los derechos de las mujeres que quieren abortar y que se cumplan todas las leyes y normativas, como las municipales, para no permitir que grupos de personas «se instalen» frente a los centros sanitarios.

Denuncian que el hostigamiento hacia mujeres y profesionales no ha cesado desde la aprobación de la ley en 2010 e que incluso que se ha recrudecido en los últimos años, sobre todo, la presencia recurrente de grupos a las puertas de las clínicas IVE, ha explicado el asesor jurídico de ACAI, José Antonio Bosch, quien ha reclamado a las fuerzas parlamentarias que legislen para impedir ese acoso amparándose en la libertad de reunión y expresión.

Entre las propuestas de la plataforma está la de crear un tipo de delito nuevo, como existe en la legislación francesa, para que queden bien definidos como delitos los actos de coacción o mal información que se cometa contra una mujer que vaya a abortar. «Es necesaria esa tipificación, pero también que se aplique la ley porque se archivan casi todas las denuncias que presentan las mujeres por este motivo», ha aseverado Cristina Colom, de Themis.

Además, pide que se abran las investigaciones de oficio, ante un atestado policial, sin obligar a las mujeres a ir a denunciar y a enfrentarse a un proceso judicial. Desde UGT, Ana Sánchez ha reclamado el derecho a un trabajo digno de los profesionales que intervienen en esos procesos de aborto. «El que te increpen e insulten en tu trabajo es un delito tipificado en el Código Penal, en la Constitución y también en el Estatuto de los Trabajadores», ha opinado.

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