La Audiencia Nacional ratifica la inhabilitación de la cúpula del taekwondo español

Se estrecha el cerco sobre los rectores de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) tras desestimarse el recurso que presentaron ante la Audiencia Nacional contra la inhabilitación propuesta por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El motivo: vulnerar el deber de neutralidad durante el proceso electoral de 2020-2021. Varios de estos dirigentes afrontan también una causa penal con petición de penas que suman más de 40 años de prisión.

Los acusados, que formaban parte de la Comisión Gestora encargada de organizar las elecciones federativas de 2020, son: Jesús Castellanos Puebla (presidente de la Comisión Gestora y posteriormente presidente de la RFET), Antonio Toledo Munuera (vocal), Francisco Torralba Rocondo (vocal), José Solano Campello (vocal), Santiago Maroño Otero (vocal), Alicia Sancho Carbonell (gerente) y José María Pujadas Fernández (secretario general y miembro de la Comisión de Recompensas).

Granjo, un llanero solitario frente al poder establecido

Todo este proceso administrativo y judicial se origina hace casi cinco años, a raíz de una denuncia presentada el 4 de enero de 2021 por Eugenio Granjo Fuertes, presidente del Club Deportivo Granjo-L’Alcora.

La denuncia dio lugar a la incoación de un expediente disciplinario que concluyó con la resolución del TAD, posteriormente confirmada por la Audiencia Nacional en sentencia del pasado 15 de julio, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Con la complicidad del Consejo Superior de Deportes (CSD) —que, con la nueva Ley del Deporte, sigue favoreciendo la perpetuidad de los presidentes federativos—, Castellanos, en el cargo desde hace 20 años, pasó de presidente de la RFET a presidente de la Comisión Gestora que controlaba el proceso electoral. No tuvo que dimitir hasta que se constituyó la asamblea encargada de elegirle, lo que le permitió ser reelegido por sexta vez, a pesar de estar procesado con una petición fiscal de 10 años y medio de cárcel.

La acusación señalaba actuaciones concretas en la Asamblea General de la RFET del 19 de diciembre de 2020, en plena campaña electoral, que se consideraron «de carácter electoralista para captar votos». Entre ellas:

• Condonación del 50 % de la cuota de reafiliación a los clubes.
• Reconocimiento del Taekwondo ITF como disciplina asociada.
• Concesión de ayudas de 200 euros a técnicos que realizaron un curso internacional.

Casi cinco años después de la denuncia, la Audiencia Nacional ha confirmado la inhabilitación temporal —de entre dos y cuatro meses— para todos los implicados. La sentencia, adelantada por Onda Cero, deja abierta la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Si se interpone, podría alargar el proceso entre seis y doce meses.

La protección de Blanco a Castellanos con Uribes de perfil

A pesar de las graves acusaciones y del procesamiento en la vía penal, Jesús Castellanos ha contado con el respaldo de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE). Blanco ha afirmado en diversas entrevistas que «defenderá siempre en público a los presidentes de federaciones, con o sin razón» y ha permitido que Castellanos siga ostentando cargos relevantes en el COE, como la presidencia de la Comisión de Distinciones y Protocolo.

Este apoyo se interpreta como un manto de protección institucional, en contraste con la inacción del CSD, que no ha aplicado suspensiones cautelares pese a la gravedad de las acusaciones.

«La inacción del CSD solo se entiende para no incomodar a Alejandro», señalan voces del deporte, que «no se explican la defensa a ultranza» del presidente del COE al máximo dirigente del taekwondo español. La crisis institucional se agrava con la pérdida de relevancia deportiva, reflejada en la ausencia de medallas, pese a contar con figuras de primer nivel como la medallista olímpica Adriana Cerezo. Ante este panorama, Eugenio Granjo ha declarado a THE OBJECTIVE que está «preparando una querella contra el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes».

Por su parte, el CSD ha querido aclarar su papel en este asunto, diciendo que «el CSD está personado como parte perjudicada en la causa que se investiga en Alicante y en la que solicita 10 años de prisión». «Además, en 2024 y 2025 el CSD valoró la posibilidad de la suspensión cautelar, pero el informe de la Abogacía del Estado reiteró lo mismo que en 2018, indicando que por el momento no hay causa suficiente».

Un frente judicial más grave: la operación «Manopla»

Además del procedimiento administrativo, los dirigentes de la RFET están siendo investigados en la vía penal en un proceso conocido como operación «Manopla». Comenzó en diciembre de 2015 con una denuncia de Eugenio Granjo ante la UDEF, y analiza presuntos delitos cometidos desde varios años antes hasta la actualidad.

La Fiscalía solicita penas que suman cerca de 40 años de prisión, así como importantes indemnizaciones:

• Jesús Castellanos Puebla (presidente): 10 años y 6 meses; indemnización conjunta al CSD por 664.727 euros y a la RFET por 387.817 euros.
• Miguel Pérez Otín (tesorero): 10 años y 6 meses; mismas cantidades.
• José María Pujadas Fernández (secretario general): 10 años y 6 meses; mismas cantidades.
• Alicia Sancho Carbonell (gerente): 4 años; indemnización de 75.081 euros a la RFET.
• Victorino Pizarro Barceló (expresidente de la Federación Valenciana): 1 año y 9 meses; 9.015 euros a la Federación Valenciana.

Los delitos investigados incluyen:

• Fraude en subvenciones públicas: manipulación de documentos y facturas para justificar de forma indebida subvenciones del CSD, desviando el dinero a fines no autorizados.
• Malversación de fondos públicos: uso indebido y desvío de recursos económicos a propósitos ajenos a los oficiales.
• Falsedad documental: emisión y uso de documentos falsos para sustentar subvenciones y gastos.
• Administración desleal: gestión fraudulenta o negligente que perjudica el patrimonio de la federación.
• Apropiación indebida: uso o apropiación de fondos o bienes para beneficio particular.

Estas prácticas habrían permitido camuflar facturas, generar pagos injustificados y percibir subvenciones fraudulentas durante años.

La Fiscalía solicita, además de las penas de prisión, cuantiosas indemnizaciones. La jueza ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros para garantizar su pago, con amenaza de embargo en caso de impago.

La acusación podría ampliarse, ya que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar posibles delitos cometidos entre 2017 y 2024.

Mientras la causa sigue abierta, el CSD continúa otorgando subvenciones millonarias a la RFET. En 2025 ha incrementado la subvención ordinaria hasta 1.157.755,29 euros, dinero público que gestionan Castellanos y su equipo mientras esperan fecha para un juicio en el que afrontan penas que suman 40 años de cárcel por, entre otras cosas, presunto fraude con subvenciones previas.

¿Alguien lo entiende? Y, sobre todo, ¿quién paga a los abogados para su defensa judicial?