El CSD alega un «error» y remite la memoria de la subvención al COE para los JJOO de París
El Gobierno ha hecho público el documento que publica THE OBJECTIVE tras las denuncias de falta de transparencia
El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press / ContactoPhoto
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha enviado finalmente la memoria justificativa de la subvención concedida al Comité Olímpico Español (COE) para los Juegos Olímpicos de París 2024, tras las denuncias de falta de transparencia y alegando un «error» en la documentación inicial.
Resulta extraño que se aluda a un error cuando la fecha de firma digital que figura en la memoria es el 26 de marzo de 2025, ya que la documentación fue solicitada ya en el mes de mayo. También sorprende que, ante una documentación que ahora aparece presentada, se solicitase una ampliación de plazo para su entrega inicial. Por último, es llamativo que en las alegaciones del CSD presentadas ante el recurso en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no se hiciera ninguna mención a esta memoria justificativa que ahora aparece.
A pesar de esta entrega, queda por esclarecer la diferencia entre la subvención máxima otorgada—4.640.000 euros, según el BOE—y los cuatro millones de euros justificados en la memoria aportada ahora.
Memoria subvención del CSD al COE para París 2024 by The Objective
Se ha solicitado explicación sobre el destino de la cantidad no justificada y el acceso a la factura inicial abonada y, en su caso, a la factura de reintegro.
Además, está pendiente la aclaración de si los gastos de la Casa de España, que el COE organizó en París durante los Juegos, fueron cubiertos con fondos públicos procedentes de esta subvención.
En cuanto a la transparencia, el CSD parece haber desistido de anonimizar a las personas jurídicas, tal y como hizo en la memoria de la subvención a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la candidatura del Mundial 2030, pero insiste en mantener el anonimato de las personas físicas. Esta práctica evita una transparencia total y dificulta la fiscalización completa del destino de los fondos públicos.
El expediente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sigue abierto mientras se reclama una transparencia total en la gestión de los fondos.