Terremoto en el Barça: Laporta incumplió la ley para poder alcanzar la presidencia del club
Miembros externos a su candidatura avalaron su presidencia, algo prohibido por la Ley del Deporte
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. | Europa Press
Ganar las elecciones a la presidencia del FC Barcelona no es el único requisito para gobernar el club. Había otra exigencia legal que Joan Laporta incumplió. Antes de tomar posesión del cargo, había que avalar unos 124 millones de euros, correspondientes al 15% del presupuesto de gastos de esa temporada 2020-21, tal y como exigía la Ley del Deporte de 1990, vigente en aquél momento en el que Joan Laporta y su junta ganaron las elecciones. Ese aval económico actúa como una garantía para los socios. Se trata de un mecanismo de protección del patrimonio del club, ya que, en caso de que la gestión de la junta generase pérdidas económicas durante su mandato, se les podría ejecutar ese aval con el fin de restituir el patrimonio del club.
El artículo 48.2 de los Estatutos del FC Barcelona obliga a que «las candidaturas (…) deberán entregar los boletos de apoyo de los socios y el compromiso de prestar aval al que hace referencia el apartado 48.3». El flagrante incumplimiento que se produjo es que el aval lo prestaron personas que no formaban parte de esa candidatura proclamada por la junta electoral y escogida por el socio, como exigen los Estatutos. En caso de impugnación, la toma de posesión de Laporta debería haberse anulado.
Que sean, obligatoriamente, los miembros de la candidatura los que deban avalar tiene todo el sentido ya que se protege la garantía de independencia de esa candidatura elegida por los socios. Puesto que si tienen una dependencia económica de terceros avalistas, externos a la candidatura, pasa a depender económicamente de esas personas, ya que esos miembros ajenos a la entidad podrían condicionar la gestión de la junta. Pongamos por ejemplo un magnate millonario, que a la práctica sería quien mandase, teniendo en cuenta que en caso de una gestión económica con pérdidas irían contra su patrimonio.
Y así fue como, infringiendo la Ley del Deporte y los Estatutos del club, acabaron avalando Ferran Olivé, Àngel Riudalbas, Eduard Romeu y Joan Soler, que no formaban parte de la candidatura que se presentó a las elecciones sino que se incorporaron a la junta más tarde.
Incluso se dio el caso de que uno de los principales avalistas, José Elias, de la empresa de energía renovable AUDAX, que avaló cerca de 40 millones de euros, no pudo ser directivo porque no tenía la antigüedad de cinco años de socio, exigida por los Estatutos del club (Artículo 42 B). Para ser presidente la antigüedad de socio requerida es de 10 años. No parece tener mucho sentido que una persona con tan corta vinculación con la entidad sea tan clave como para facilitar o derribar a una directiva con su aval.
Un destacado miembro de la candidatura que iba a ser el vicepresidente económico, Jaume Giró, conoció que se estaba cometiendo esa ilegalidad y por eso dimitió antes de tomar posesión. Y esto fue así porque algunos directivos, curiosamente el núcleo duro de Laporta, no tenían capacidad económica suficiente para avalar.
Laporta mintió en campaña electoral. Seis días antes de las elecciones aseguró: el banco «ya nos ha aprobado la estructura del aval que será suscrito por cada uno de los miembros de mi candidatura». No era cierto. Sabía que no tenían capacidad económica para ello. En los 10 días que transcurrieron entre su victoria electoral y la toma de posesión, Laporta estuvo llamando a varias familias adineradas de Barcelona para que ayudaran a avalar a cambio de tener una silla en la directiva.
Ahora, la Agencia Tributaria está investigando el origen y naturaleza de las cantidades que sirvieron para conseguir ese aval de 124 millones de euros, aprobado por el Banco Sabadell, según El Periódico. Esta información añade que una parte importante de los directivos de Laporta tampoco quisieron sufragar los costes financieros del aval, que ascendía a 1,8 millones, por lo que el presidente ordenó a un proveedor del club, en concreto, ISL Futbol Limited Liability Company, que hiciera una trasferencia de 350.000 euros a la cuenta bancaria de los directivos.
Curiosamente, a los seis meses, el club adjudicaba a esa empresa la organización de la gira de los partidos amistosos del FC Barcelona por EEUU. El Barça ha confirmado esa información en un comunicado y ha asegurado que se trataba de un préstamo, una versión poco creíble si tenemos en cuenta que algunos directivos aseguran que desconocían el motivo de esa transferencia y que no firmaron nunca ningún contrato de préstamo. El excandidato Víctor Font lo ha calificado de «caso flagrante e inaceptable conflicto de intereses» y ha exigido la comparecencia pública del Compliance del club, Sergio Atienza, para que explique la naturaleza de los pagos y las medidas que tomó para que los directivos recibieran ese pago de un proveedor del club, en qué condiciones y a qué directivos.
Esa misma información apunta que, Capital Planet, la empresa del hermano de Laporta, Xavier Laporta, también hizo una transferencia de 700.000 euros y un empresario israelí, Morris Moshebenisty, también transfirió 750.000 euros a través de sus sociedad JBM Investment 2014. Pero el escándalo no acaba aquí. Resulta que la cuenta corriente mancomunada que tienen los directivos ha soportado numerosos embargos emitidos por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, e incluso, multas de tráfico, lo que ha provocado el enojo de algunos compañeros de junta.
Un directivo tiene una deuda cercana al millón de euros con Hacienda. Lo mismo ocurre con otro directivo que mantiene una elevada deuda con la seguridad social. Victor Font no descarta una moción de censura contra Joan Laporta si se confirma que «se han cruzado líneas rojas» en la gestión de la actual junta directiva del FC Barcelona.
