El Atlético ve «desproporcionada» la idea de Antiviolencia de clausurar el Metropolitano
El club critica que se pretenda «castigar a 70.000 personas por el comportamiento inaceptable de unos pocos»
El Atlético de Madrid ha calificado de «completamente desproporcionada» la propuesta de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. La comisión sugirió cerrar el estadio Riyadh Air Metropolitano durante dos semanas y multar al club con 65.000 euros. Este castigo se debe a los incidentes ocurridos el pasado 29 de septiembre en el partido contra el Real Madrid, donde se lanzaron objetos al portero Thibaut Courtois desde la grada del Frente Atlético.
En su página web, el club rojiblanco expresó que la medida «pretende castigar a 70.000 personas por el comportamiento inaceptable de unos pocos». Desde el incidente, el departamento de Seguridad del club ha identificado a cuatro implicados, quienes han sido expulsados permanentemente como socios del club. El proceso de identificación de otros implicados sigue en curso, y recibirán el mismo castigo que los ya mencionados.
Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha declarado que no busca justificar el comportamiento de una minoría que no representa al verdadero aficionado del Atlético ni a los valores del club. «Estamos cansados de repetir que luchamos contra la violencia y el racismo, pero la realidad es que lo estamos haciendo», afirmó Gil Marín. Según él, es un problema que no solo afecta al club, sino que es un problema social, y subrayó la necesidad de resolverlo de manera conjunta.
Asimismo, defendió a la mayoría de los seguidores del Atlético, destacando que la imagen del club no debería ser manchada por actitudes de una minoría. «Es intolerable que se falte al respeto a nuestros aficionados relacionándolos con el mal comportamiento de unos pocos». Además, criticó la politización y la manipulación de los incidentes, mencionando que se ha hablado mucho sin tener todos los hechos claros.
Gil Marín hizo un llamamiento a las autoridades para que proporcionen la información necesaria para actuar eficazmente contra los violentos. Explicó que, aunque han logrado identificar a algunos implicados por sus propios medios, necesitan más colaboración para proceder de manera similar con otros sospechosos. Además, comentó que la propuesta de clausura se suma a una sanción previa, lo cual considera un doble enjuiciamiento por los mismos hechos, algo que ve sin sentido y pide una revisión.