Absuelven a cinco personas que increparon a fans de la selección femenina en Pamplona
Los individuos insultaron a aficionados en las inmediaciones del estadio El Sadar en la previa del España-EEUU
El Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona ha dictado sentencia absolutoria para cinco individuos acusados de insultar a seguidores que mostraban símbolos nacionales españoles cerca del estadio El Sadar en Pamplona. Este incidente ocurrió el pasado 11 de octubre de 2022, durante un encuentro amistoso entre las selecciones femeninas de España y Estados Unidos.
La fiscalía había pedido tres años de cárcel para cada uno por un presunto delito de coacciones con agravante de discriminación ideológica. El juicio se llevó a cabo el pasado 29 de octubre, donde se pronunciaron expresiones como «fascistas, vasallos del Estado español, españoles hijos de puta, puta España, puta Selección». Sin embargo, las defensas solicitaron la absolución de los acusados, argumentando la falta de pruebas concretas.
Falta de pruebas concretas
La magistrada destacó la «completa falta de prueba» en su veredicto, ya que ninguno de los testigos presentes en el juicio había sido espectador del partido ni portaba indumentaria o símbolos españoles. Además, señaló que no se había demostrado que los supuestos afectados fueran intimidados de alguna forma o que su libertad para portar símbolos nacionales se viera comprometida.
«Lo que se ha acreditado es que ese día se produjeron desórdenes y en algunos casos, conductas violentas contra los policías nacionales», subrayó la jueza. Sin embargo, criticó que esos hechos no se clasificaran como delitos de desórdenes públicos o de resistencia a la autoridad durante la vista oral, aunque sí se contemplaron en la fase de instrucción.
La evidencia presentada en el juicio se alineó más con posibles delitos de desórdenes públicos y atentado, basándose principalmente en los testimonios de los agentes del dispositivo de seguridad. No obstante, la prueba fue insuficiente para sostener la acusación de coacciones, ya que ninguno de los supuestos afectados declaró en el juicio.
Aunque la magistrada reconoció la existencia de datos sobre altercados con la policía el día del evento, decidió remitir el caso a la Policía Nacional para evaluar si los incidentes podrían constituir infracciones administrativas sancionables.