El Estado sigue humillando al expresidente del Barça

¿Se imaginan qué pasaría si un presidente del Real Madrid fuera detenido y encarcelado injustamente durante 2 años en prisión preventiva y se demostrara que no cometió ningún delito? ¿Se imaginan qué sucedería si después de destrozarle la vida el Estado le siguiera humillando reconociendo la injusticia y asignándole la irrisoria indemnización de 70 euros por cada día privado de libertad? ¿A que no se lo imaginan?

Pues ese le ha pasado a un presidente del Barça, Sandro Rosell. Y parece que esa inmoralidad ha sido tratada como una noticia intrascendente más. ¿Qué hizo Rosell? Presidir el FC Barcelona, cuando vivía su mejor momento deportivo y económico, en un tiempo en el que en Cataluña crecía el sentimiento independentista. Lo más grave es que no se trata de un error judicial, que podría cometer cualquier ser humano, sino que hablamos de corromper la justicia de forma premeditada para desestabilizar la institución más importante de Cataluña y represaliar así las lícitas ambiciones políticas de un sector de la sociedad catalana.

Si hubiera sido un fallo del sistema, la jueza que cometió semejante atropello, Carmen Lamela, hubiera sido cesada o rebajada en lugar del ascenso al Tribunal Supremo con el que fue premiada, a pesar de que el propio Consejo General del Poder Judicial consideró que había otros candidatos más relevantes. El peor delito de prevaricación que puede cometer un juez es aquel en el que ciertos magistrados ofrecen sus «servicios patrióticos» al estado para hacerle el trabajo sucio.

Recientemente, la Audiencia Nacional ha sentenciado que el expresidente del Barça, Sandro Rosell, debía ser indemnizado. Podría parecer que la justicia funciona y que al final enmienda sus errores, pero lo que en realidad ha sucedido es la confirmación de que la humillación continúa y que tapar las tropelías cometidas por las cloacas del Estado sale muy económico. Concretamente, 230.000 miserables euros. La sala tercera cuantifica la compensación a Rosell en 50.000 euros por el daño moral; 120.000 euros por el lucro cesante por la rescisión de un contrato con la auditora E&Y y 62.500 euros más por los gastos de desplazamientos de familiares para visitarlo en el centro penitenciario, lo que hace un total de 232.500 euros.

Rosell solicitaba una compensación de casi 30 millones de euros: perjuicio reputacional (405.000 euros); perjuicio afectivo (320.000); perjuicios psicológicos (200.000); lucro cesante por rescisión de contratos con E&Y (300.000); y con la empresa AZF (27.762.950); gastos de defensa legal (668.904); gastos de desplazamiento de familiares (62.950); y, finalmente, gastos financieros (34.660).

Sandro Rosell, el presidente del Barça, fue una pequeña pieza del repugnante puzzle que ha aflorado en la «Operación Cataluña», que confirma que ciertos jueces de los más altos tribunales del Estado pueden llegar a inventarse acusaciones de delitos con el fin de combatir el soberanismo catalán. Lo más bochornoso fue que mantuvieron la farsa judicial con el pretexto de que Rosell había causado un grave perjuicio a la Confederación Brasileña cuando sus dirigentes, personados en el proceso, declararon a las primeras de cambio que no tenían nada contra él.

Da miedo comprobar cómo de inmoral puede llegar a ser un sistema y lo vulnerable que fue alguien, cuyos únicos «crímenes» fueron abrir las puertas del Camp Nou para que pasara la cadena humana que formaron algunos ciudadanos catalanes el 11 de septiembre de 2013, bautizada como la Vía catalana, autorizar la celebración del concierto llamado «Concert per la llibertat» y poner las cuatro barras de la senyera en la camiseta suplente del primer equipo del Barça.

Como toda injusticia escandalosa tiene sus propias traiciones, todavía resuena la declaración del comisario Villarejo en Rac1 asegurando que Joan Laporta y Xavier Martorell (ex Director General de Mossos y de Seguridad del Barça), que en 2013 querían recuperar el control del club, colaboraron con el CNI español pasando información sobre una presunta desviación de fondos del Barça de Rosell hacia la clase política independentista que resultó infundada. Afirmación que Laporta dijo que desmontaría con una querella contra Villarejo para que rectificara que al final no ha interpuesto, no vaya a ser que saliera toda la mierda.

En resumen, lo de Rosell, lo del presidente del Barça, fue una represalia política que huele a escandalosa prevaricación con una jueza que en lugar de ser cesada fue ascendida al Supremo. Y cuando la injusticia ya no puede disimular más, se le concede a la víctima una vergonzosa indemnización para que tapar el hedor saliente de las cloacas del Estado salga bien baratito. 

Y todavía hay quien sostiene que España es un ejemplo de defensa del Estado de derecho y que al Barça se le trata igual que al Real Madrid.