El juez descarta la acusación de la UCO contra Rato por blanqueo de dinero

El juez del ‘caso Rato’, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado este viernes de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el ex vicepresidente económico y ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en «sospechas sin sustento». 

Rato, investigado por varios casos de supuesta corrupción y fraude fiscal, fue condenado en febrero de 2017 a cuatro años y seis meses de cárcel por el caso de las ‘tarjetas black’, cuando era presidente de la entidad financiera Caja Madrid.

En un auto, el magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, que alertó de que empresas privatizadas cuando Rato era ministro de Economía del Partido Popular, desde 1996 hasta 2004, pagaron casi 83 millones de euros por campañas de publicidad en medios a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia. Sin embargo, según fuentes jurídicas, la Fiscalía española ha recurrido la decisión del juez al estimar la existencia de indicios penales suficientes.

Los investigadores pusieron el foco sobre COR Comunicación, sociedad de la familia Rato, que recibió de las empresas privatizadas entonces un total de 67,6 millones, de los cuales 61,88 millones procedían de la eléctrica Endesa, otros 2,20 millones de Paradores, y 1,13 millones dela petrolera Repsol.

Respecto al supuesto cohecho, el juez asegura que «no existen indicios más allá de la sospecha» de que Rato tuviera la «exclusiva potestad» de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas. En muchos casos «estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada» tanto en las compañías como en el Consejo de Ministros, matiza el auto.

Serrano-Arnal también refuta la existencia de un posible delito de malversación de caudales públicos en torno a la empresa pública Paradores de Turismo de España, constituida como sociedad anónima en 1991, con anterioridad al periodo que se investiga, al no haberse detectado ninguna irregularidad en sus cuentas y tener un régimen mercantil independiente de la administración pública.

En relación con los delitos fiscales en los que el ex alto cargo del PP y posterior ex director del FMI habría incurrido, según la UCO, para blanquear dinero, el magistrado insiste en que un juez investiga hechos concretos, no conjeturas o la búsqueda de indicios basados en sospechas. Por este motivo, señala la necesidad de que la Agencia Tributaria determine las cantidades presuntamente evadidas por el ex  ministro al ser «esencial» con vistas a imponer una posible condena.