Lamela propone juzgar a Olivas y otras 47 personas por el desfalco de Bancaja y Banco de Valencia

La juez de la Audiencia Carmen Lamela a propuesto juzgar a 48 personas, entre ellas varios directivos de Bancaja y Banco de Valencia, como José Luis Olivas, expresidente de ambas entidades, por las inversiones inmobiliarias en México a través del Grupo Grand Coral y que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” de estas entidades bancarias, ha informado la Audiencia Nacional.

Carmen Lamela explica que las entidades Bancaja y Banco de Valencia participaron, entre 2005 y 2009, en unas inversiones inmobiliarias en México como parte del llamado Grupo Grand Coral, del que formaban parte también otros socios externos, inversiones muy diversas y de una “enorme magnitud económica”.

La magistrada considera que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida, así como de un delito de blanqueo de capitales.

De acuerdo con los informes judiciales, Lamela señala que Bancaja y Banco de Valencia fueron los socios “financiadores”, mientras que los socios externos fueron accionistas “promotores-gestores”. Por tanto, “los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, en detrimento de dichas entidades, a los segundos, esto es, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”, explica la juez.

En cuanto a José Luis Olivas, Lamela subraya que este conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en el Grupo Grand Coral. La resolución enumera las operaciones sospechosas, entre ellas el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra. Además, señala que los hoteleros Ferri y Baldó pagaron a Olivas hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

La juez ha acordado también el sobreseimiento respecto a de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía, y emplaza a las acusaciones a que soliciten la apertura de juicio oral en un plazo de diez días.