La Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra CaixaBank por la compra de BPI

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite la querella presentada por dos accionistas contra el expresidente del Grupo Caixa Isidro Fainé, así como contra Criteria Caixa SA y Caixabank SA por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI. El magistrado considera que los delitos objeto de investigación son abuso de mercado, administración desleal y delitos solitarios, según señala en el auto judicial.

La querella también se dirige contra el presidente del Consejo de Administración del Banco of East Asia (BEA), David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García y Gonzalo Gortázar Rotaeche.

La querella relata varias operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria, cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, además del crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola para que eliminara las restricciones para la adquisición del banco portugués.

Este caso es competencia de la Audiencia Nacional debido al importe en que se ha cifrado el perjuicio, de cientos de millones de euros, según explica el juez De la Mata. También es competencia de este tribunal «por el quebranto de la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados».

“A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria”, añade el juez.

Las primeras diligencias acordadas por el juez van dirigidas a solicitar diversa información a Caixabank, entre ella la relación de miembros del Consejo de Administración entre 2015 y 2017, así como de la Comisión de Auditoría y Control y de los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada para el análisis de la operación de permuta. También ha solicitado la documentación que manejaron dichos miembros.

El juez también solicita la relación de personas que emitieron el informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoge el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones al Banco Financiero de Angola.