Villarejo niega tener relación con el incendio del edificio Windsor

El excomisario José Manuel Villarejo ha negado este miércoles en un comunicado difundido por su abogado tener relación con el incendio del edificio Windsor. Además, ha señalado que es “rotundamente falso” que se le hiciera “algún tipo de encargo, de entidad alguna o de persona alguna, para sustraer o destruir físicamente documentos albergados en el edificio”.

Villarejo asegura que el documento publicado por Moncloa.com que sugiere que existe una relación entre el excomisario y el incendio “es simplemente una falsificación”. “Nunca fue realizado ni por mí personalmente ni por una persona bajo mi encargo o conocimiento”, ha asegurado. “Se trata, en esencia, de una fábula”.

Este comunicado llega un día después de que el juez del caso Villarejo reclamara a Moncloa.com los documentos que publicó en relación con el incendio de Windsor, en los que lo vinculan a un encargo a Villarejo para destruir pruebas comprometedoras para el expresidente de BBVA Francisco González.

«El 12 de febrero de 2005 ardía el edificio Windsor, en Madrid. Uno de los grandes interrogantes de ese siniestro fue si el mismo tuvo relación con los documentos guardados en las oficinas de la auditora Deloitte, que podían ser comprometedores para el presidente del BBVA, Francisco González», decía el portal digital.

Villarejo ha dicho que el documento, “servido cómoda e impunemente en bandeja a un portal archivisitado desde la irrupción del caso” que lleva su nombre, “es la prueba viva, clamorosa y actualizada del despropósito que significa atribuirme” la autoría de “tan rocambolescas y fraudulentas filtraciones”.

«Sarcásticamente, debo confesar que, por fortuna, apenas tenía 12 años cuando se produjo el asesinato de Kennedy. No descarto que en otras circunstancias se me hubiera podido atribuir incluso la autoría intelectual de aquella oscura conspiración», ironiza el excomisario.

Villarejo considera urgente identificar a los “funcionarios públicos que, presuntamente perpetrando delitos graves, están suministrando» material «averiado y contaminado» a «la opinión pública”, porque son “un auténtico peligro para la salvaguarda de las garantías en un Estado de derecho como España”, informa Efe.