El BBVA declara como investigado en el caso Villarejo
La entidad está imputada como persona jurídica por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios
Adolfo Fraguas, director de los Servicios Jurídicos de BBVA, acudirá este miércoles a declarar como representante legal de la entidad, imputado como persona jurídica por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo al excomisario José Villarejo por trabajos de espionaje.
Según han informado a Efe fuentes del BBVA, Fraguas no se acogerá al derecho a no declarar que le asiste como investigado, tal y como han hecho la mayor parte de los imputados en esta causa con el argumento de que la pieza en la que se investiga la relación del banco con Villarejo permanece bajo secreto. «La investigación judicial avanza y así tiene que ser. En BBVA no prejuzgamos y actuamos siempre siguiendo los procedimientos internos establecidos y en base a hechos contrastados. Además, la condición de investigado no implica de ninguna manera que se haya realizado una acusación formal por ningún delito», han destacado las mismas fuentes.
Fraguas seguirá así la misma línea del expresidente del BBVA Francisco González, que este lunes accedió a prestar declaración en su citación como investigado, y lo hizo para desvincularse de Villarejo y defender la actuación del banco, más allá de alguna conducta individualizada, que, de confirmarse, podría tener reproche penal, según él mismo manifestó a la salida de su declaración.
El magistrado Manuel García-Castellón citó al BBVA dentro de la pieza 9 del caso Tándem relativa a las contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito. Pidió entonces al banco que designara a una persona como representante ante el juzgado -que ha sido Fraguas- y rechazó la petición de la entidad de personarse como perjudicada en la causa.
La relación entre BBVA y la empresa de Villarejo, Cenyt, comenzó en 2004, cuando la constructora Sacyr intentó sin éxito hacerse con el control de la entidad por la supuesta recomendación de Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco durante buena parte de la presidencia de FG y antiguo comisario de Policía. Corrochano ya compareció por estos hechos ante el juez, que le impuso una fianza de 300.000 euros. La imputación del banco se produjo tras el análisis de documentos intervenidos al excomisario, que acreditarían que los pagos «ilícitos» a Cenyt «afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal».
El juez sospecha que la cúpula del BBVA consintió la contratación de Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del «beneficio personal y empresarial» que le podían reportar. Se investigan en concreto las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios.
