El Banco de España cree que la política económica debería favorecer la formación de los trabajadores afectados por ERTE y, en algunos casos y bajo determinadas condiciones, permitir compaginar esa situación con el trabajo en otros sectores o empresas. En su informe anual publicado ese martes, centrado en el análisis de la crisis del coronavirus, la entidad incide en que existe una notable incertidumbre sobre el porcentaje de empleados en ERTE (casi dos millones a cierre de junio) que acabará recuperando su empleo.
Por qué es importante: al deterioro persistente que esta crisis podría causar al mercado laboral se suma el daño sobre el tejido empresarial, para el que el Banco de España cree que habría que considerar medidas a corto plazo. Entre ellas propone el pago inmediato de las devoluciones del IVA o de los saldos pendientes a proveedores por parte de las Administraciones Públicas, así como nuevos programas de liquidez vinculados al cobro de la deuda de sus clientes o a los gastos fijos de su actividad comercial.
El Banco de España señala que la movilidad de los empleados más perjudicados por la crisis es en general escasa, especialmente en la hostelería y el comercio, y que convendría no retrasar una posible reasignación de trabajadores en previsión de un eventual repunte de la destrucción de empleo en los próximos meses. Al respecto recuerda que tras la crisis de 2008 los más perjudicados fueron los trabajadores del sector de la construcción y que en 2013 más de la mitad de los que se quedaron sin empleo permanecían desocupados y solo un 23% había conseguido trabajo en otra rama de actividad.
El informe de la entidad gobernada por Pablo Hernández de Cos hace hincapié en que las vulnerabilidades que mantenía la economía española a finales de 2019 han condicionado la respuesta a la crisis y la magnitud de la recesión, al no haberse corregido el desequilibrio en las cuentas públicas, la temporalidad del mercado laboral, la escasa productividad o la elevada desigualdad, y al no haberse dado solución tampoco al envejecimiento de la población o al poco margen del sistema fiscal.
Para reducir el déficit aboga por un plan plurianual que vincule a todas las administraciones y para aumentar el margen fiscal incide en redefinir la cesta de impuestos, limitando los tipos reducidos de IVA y el elevado nivel de beneficios fiscales, así como mejorando la eficiencia del gasto. Sobre las figuras impositivas en tramitación (impuestos digital y financiero) dice que sería conveniente que se coordinaran a nivel internacional, en un contexto en el que algunas bases imponibles pueden desplazarse con una relativa facilidad entre jurisdicciones.