Los nuevos impuestos digital y financiero, más conocidos como Tasas Google y Tobin, ya están listos para entrar en vigor en enero, después de que el Senado haya aprobado definitivamente los dos proyectos de Ley que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzan hacia una fiscalidad del siglo XXI.
En contexto: España da el paso definitivo con la ‘tasa Google’ cuando siguen en curso unas difíciles negociaciones multilaterales en la OCDE para la adopción de un acuerdo internacional sobre la forma de gravar a las multinacionales de internet. Estados Unidos ha venido oponiéndose a esta tasa, por considerarla discriminatoria, y ha amenazado con represalias arancelarias.
Por una parte, la tasa digital gravará con el 3% los ingresos de empresas tecnológicas con más de 750 millones de euros de facturación en el mundo o de 3 millones de euros sólo en España y, por otra, el impuesto financiero supone un 0,2% a las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
La mayoría del Pleno del Senado ha rechazado los vetos que el PP y Vox han vuelto a presentar a los dos proyectos de Ley por considerarlos inoportunos en plena crisis económica, al tiempo que también han rechazado las 155 enmiendas defendidas por otros grupos parlamentarios, como JxCAT, ERC, Compromís o Ciudadanos. La formación naranja se ha abstenido en ambos dictámenes porque señala que los impuestos deben estar en línea con el resto de Europa y además repercutirán en los consumidores finales.
En la votación final el impuesto digital ha recibido 134 votos favorables, 101 en contra y 28 abstenciones, mientras que el financiero ha registrado 155 votos a favor, 98 en contra y 8 abstenciones. La mayoría de las formaciones han apoyado estos gravámenes que entrarán en vigor a partir de enero, ya que deben pasar tres meses desde su publicación en el BOE y ser negociados antes con las haciendas forales vasca y navarra para ver el reparto de la liquidación de las tasas.
Como la liquidación del impuesto es trimestral, la primera recaudación en principio sería en marzo de 2021. Sin embargo, casi todas las formaciones han dudado de que puedan cumplirse los objetivos de recaudación previstos, que en el caso del impuesto digital se rebajó de los 1.200 millones de euros iniciales a unos 968 millones estimados antes de la pandemia, y en el del impuesto financiero se prevé en cerca de 850 millones de euros anuales.
No obstante, en el ámbito de la Unión Europea se está planteando que las recaudaciones de ambos impuestos puedan repercutir en el presupuesto comunitario y no en los presupuestos nacionales.
La ministra de Hacienda ha elogiado que el Senado haya aprobado definitivamente ambas tasas, que «adaptan la fiscalidad de España al siglo XXI sobre determinadas áreas económicas» que estaban generando una asimetría con respecto a la fiscalidad tradicional. «Y que tiene que tener su reflejo en una fiscalidad progresiva…para que las bases impositivas se vayan ensanchando», ha señalado tras asistir a las votaciones.
El PSOE ha insistido en que se trata de dos impuestos temporales, que podrían ser modificados una vez que se aprueben las dos tasas a nivel europeo o internacional y respecto a la tasa Tobin el senador socialista Gonzalo Palacín ha dicho que se hará un seguimiento para analizar posibles ineficiencias.
La senadora del PP Elena Muñoz ha criticado que el Gobierno no respete el Senado al negarse a introducir enmiendas y ha reiterado que no es momento de subir impuestos sino de bajarlos. «Son un profundo error», ha dicho tras incidir en que el impuesto digital va a generar incertidumbre y desequilibrios.
Jacobo Gonzalez, senador de Vox, ha acusado al Gobierno de «arrogancia» al señalar que «se anticipan» a las discusiones de los foros internacionales y ha criticado que con el impuesto digital «falseen el mercado único y la competencia», ya que provocará distorsiones y represalias hacia las empresas españolas.
«Se han propuesto llevar a España en la más absoluta ruina», ha señalado el senador, mientras la senadora de Ciudadanos Ruth Goñi también ha coincidido en que la tramitación es «improcedente» por la profunda crisis y ha avisado de que la carga tributaria será trasladada al consumidor final. Goñi también ha advertido de que la recaudación prevista es irreal ya que la Comisión Europea estima un importe cercano a los 500 millones de euros para el impuesto digital y ha criticado que sea incluso más restrictivo que el comunitario.
El senador del PSOE Cosme Bonet ha defendido que los impuestos serán transitorios y ha argumentado que no se puede renunciar a no aumentar la recaudación en tiempos de pandemia. «Esta medida pone a España a la vanguardia del reto fiscal europeo y representa una fiscalidad justa«, ha dicho, tras insistir en que el impuesto digital no gravará «los bolsillos de los trabajadores, ni de las pymes, sino de las grandes multinacionales que tributan en otros países».