Hacienda recaudaría 3.457 millones de euros con esta medida, sin embargo, tendría que dedicar 4.306 millones para traspasar los usuarios a los servicios públicos
Los españoles actualmente están, como casi todos los ciudadanos europeos, exentos de pagar IVA por la educación y la sanidad privadas. Ahora, una propuesta plantea aplicar un 21% del IVA a ambos servicios, algo que ha generado malestar entre los ciudadanos. Se trata de una medida ideológica que atenta contra la libertad de elección y que pretende recaudar atacando el sector privado.
¿Educación y sanidad privadas?
La sanidad privada la disfrutan aquellos individuos que libremente deciden pagar una cuota para tener unos servicios privados y que, además, gracias a ello, evitan un posible colapso en la sanidad pública. Con la educación ocurre algo similar. Los ciudadanos seleccionan voluntariamente el sistema con el que quieren educar a sus hijos; la educación es un derecho y la educación privada es una elección. El sistema de educación público no tendría la capacidad de atender a todos los alumnos que abarca el sistema privado y concertado.
Grecia, único país europeo que aplica estas medidas
Grecia es el único país de Europa que decide cobrar IVA a estos dos sectores y lo hace por su situación de excepcionalidad económica. La necesidad del país heleno de recaudar para devolver el rescate que la Unión Europea le concedió durante la pasada crisis de 2008 le obliga a gravar toda la actividad del país.
¿A quién afectaría este nuevo impuesto?
La aplicación de esta propuesta perjudicaría directamente a la clase media, ya que los ricos no sentirán el impuesto. En cambio, los ciudadanos de clase media que hacen uso de la sanidad y la educación privadas o concertadas sí se verán perjudicados.
La pretensión del Gobierno, básicamente por influencia de Podemos, es que el Estado lo controle todo y a todos. Esto genera clientelismo y, además, supone un gasto inasumible para las arcas públicas. La medida supondría más paro, más gasto y menos recaudación. Por eso la única justificación es la ideología de un Gobierno que quiere controlar y dirigir las libertades de los ciudadanos.
Si se confirma este nuevo impuesto, se multiplicaría la economía sumergida porque muchos profesionales se verían obligados a atender en negro a sus clientes para evitar ese IVA del 21%. Ni la sanidad ni la educación tienen un margen de beneficio del 21%, ambas se mueven entre un 7% y un 10%. Si las empresas tuvieran que asumir el nuevo IVA, entrarían en pérdidas y estarían condenadas al cierre. Más paro, menos riqueza para la sociedad y pérdida de ingresos para el Estado, porque tanto la sanidad como la educación privadas cotizan al estado sobre sus beneficios.
¿Por qué es una medida ideológica?
Precisamente si una gran parte de los ingresos dependen del Estado deben ser asumidos por el gobierno de turno. En países comunistas como Cuba, es el Estado el que paga nóminas desproporcionadamente ínfimas a los trabajadores. Cuando un empresario quiere desarrollar una actividad allí, no le paga el salario al trabajador, sino al estado. Este se queda con la mayor parte y le paga al trabajador un porcentaje mínimo. La dependencia del Estado es total y absoluta.
Esta idea no parece casar muy bien con el momento en el que se encuentra España actualmente, un país en el que a fecha de hoy ya hay más gente que vive y cobra del Estado que de la iniciativa privada, lo que termina por desequilibrar las cuentas públicas. Desde el Ejecutivo se debe garantizar la sanidad y la educación para todos, pero no puede coartar la libertad para aquellos que libremente decidan acceder a servicios privados. Estos usuarios que deciden acceder al sector privado pagan, además, con sus impuestos la sanidad y la educación pública que no utilizan.
