El COVID-19 ha llevado a un gran número de países a aclimatar temporalmente sus sistemas tributarios. Con la escasez de ingresos a consecuencia de la crisis mundial que estamos sufriendo, cada país ha tenido que replantear la forma más óptima de organizar estos sistemas para promover el aumento de ingresos y, por consiguiente, la recuperación de la economía.
El Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ITCI) tiene como objetivos fundamentales medir el grado de competitividad y neutralidad que tiene el sistema fiscal de un país. La complejidad de las políticas fiscales tiene como consecuencia que en ocasiones sean menos neutrales de lo que deberían. Aunque los impuestos se aplican a todas las empresas y usuarios, las que tienen menos recursos económicos, salen más perjudicadas. Esto es posible porque las personas adineradas pueden conseguir ventajas fiscales, debido a la economía sumergida.
Cada año se realiza un estudio desde este organismo con el fin de comparar las políticas fiscales de 36 países, entre los que se encuentra España. Este 2020, nuestro país ha quedado en la 27 posición en el ranking de Índice de competitividad Fiscal Internacional, lo que significa entre los diez peores países. Algunos datos destacables de la tabla que se muestra a continuación es que Estonia ocupa el primer y mejor lugar del ranking por séptimo año consecutivo. Italia ocupa el último lugar, lo que hace evidente la necesidad de reformar los sistemas tributarios del país. Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Japón o Portugal, son otros ejemplos de una ubicación poco favorable en lo que a políticas fiscales se refiere.
Este ranking divide los diferentes tipos de impuestos. A continuación nos centramos en el impuesto sobre la renta de las sociedades, donde se pueden ver las ganancias de una sociedad. Todos los países de la OCDE imponen este tipo de impuesto corporativo, pero las tasas y bases varían significativamente entre países. En este caso observamos que España se encuentra en el puesto número 31, lo que indica que se trata de un sistema tributario poco beneficioso para las empresas españolas. A pesar de que el impuesto de sociedades tiene un gran impacto en la economía de cada país, genera una cantidad relativamente baja de los ingresos fiscales para la mayoría de los gobiernos. El promedio de la OCDE en los impuestos corporativos fue de un 9,5% de los ingresos totales en el año 2018.
En esta última tabla observamos los impuestos individuales (IRPF), a través de los cuales se recauda una gran parte de los ingresos para financiar los gobiernos de cada país. Hacen referencia a las ganancias del individuo o del hogar, es decir, salarios, ganancias de capital y dividendos, y sirven para financiar operaciones del Gobierno en general. Estos impuestos son progresivos, lo que significa que los ingresos que se gravan de una persona aumentan a medida que dicha persona gana más.
En resumen, la política fiscal tiene mucho que ver con la inspiración política de cada gobierno. Los gobiernos progresistas tienden a subir impuestos con la intención de dedicar más dinero a mejorar los servicios públicos. Los gobiernos de corte liberal, entienden que hay que gravar lo menos posible las cargas fiscales a personas y sociedades, porque con ello se deja más liquidez en los bolsillos para incrementar el consumo y así, elevar la recaudación.
Cuando los impuestos son muy altos, pueden convertirse en confiscatorios, exprimir a los ciudadanos para enriquecer al Estado. En el caso de España, tenemos además, en la mayoría de las Comunidades Autónomas el impuesto de Patrimonio. De hecho, muchas fortunas españolas buscan refugio en Portugal, donde la carga impositiva es mucho menor que en nuestro país. Por lo que podemos decir que Portugal compite con España instaurando bajos impuestos para captar fortunas extranjeras.
