Las autoridades de California han multado a Uber con 59 millones de dólares por no haberles facilitado la información que le exigieron relativa a casos de acoso sexual entre sus conductores y clientes, según informa el San Francisco Chronicle.
Lo más importante: el documento entregado por la Comisión de Servicios Públicos de California a la empresa también amenaza a Uber con obligarla a detener sus operaciones en el estado si no paga la sanción y facilita la información requerida en un período de 30 días, informa el mismo periódico.
La empresa, por su parte, admite públicamente que no ha facilitado la información requerida, algo que justifica en base a la protección de la privacidad de las víctimas de casos de acoso sexual en los trayectos de Uber, un razonamiento que ha encontrado la complicidad de algunas asociaciones de víctimas de este tipo de delitos.
Que sea el Gobierno californiano el que ahora amenace con obligar a Uber a cesar operaciones resulta, por lo menos, curioso, puesto que hace apenas unos meses era la compañía la que amenazaba con dejar de operar en el estado precisamente como una arma en su disputa con la Administración.
A principios de 2020, la Legislatura de California aprobó una ley que obligaba a Uber y Lyft (y a las otras empresas de la llamada economía colaborativa) a clasificar a sus conductores como empleados, lo que podría disparar los costos de personal de estas dos firmas y poner en duda su modelo de negocio.
Las empresas se opusieron a la medida, estuvieron a punto de cesar sus operaciones en California (donde ambas tienen la sede) y finalmente lograron trasladar el contenido de la ley a los votantes mediante un referéndum celebrado el pasado 3 de noviembre, en el que estos rechazaron que se implementase según su redactado original y dieron una victoria a las compañías.