En el caso de España dicha deuda ronda los 300.000 millones de euros, un 25% del Producto Interior Bruto
El Banco Central Europeo descalifica de «ilegal» y «carente de sentido», la propuesta de condonación de deuda que apoyan, entre otros, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez. «La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto». Ha afirmado el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, durante su intervención en un acto organizado por LSESU German Society.
Narbona y Álvarez forman parte del centenar de economistas que solicitan que el BCE condone la deuda que ha acumulado con la pandemia y en los años previos. En el caso de España dicha deuda ronda los 300.000 millones de euros, un 25% del Producto Interior Bruto. El secretario de Economía de Podemos ha reivindicado en su cuenta de Twitter que «el 25% de la deuda en la Eurozona está en manos del BCE. Nos la debemos a nosotros mismos. Un centenar de economistas proponemos cancelar esa deuda a cambio de que los países afronten inversiones equivalentes en la reconstrucción ecológica y social». Según las claves de reparto del BCE, Alemania y Francia serían las más perjudicadas por una condonación de deuda.
Según la explicación técnica proporcionada por de De Guindos, desde un punto de vista contable a corto plazo, la condonación de deuda puede suponer un alivio en la ratio de deuda pública del Gobierno, pero con el tiempo, afectaría a los dividendos obtenidos y puede producirse una equivalencia contable con un efecto quizás mayor que el de la cancelación.
«Este debate sobre cancelación de la deuda creo que es perjudicial, porque al final los gobiernos no ganarían mucho y al mismo tiempo la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales se vería muy afectada», ha advertido.
La propuesta de Piketty y demás firmantes es que se suscriba un contrato entre los Estados europeos y el BCE, por el que la institución monetaria cancele o, al menos, convierta la deuda en perpetua y sin intereses. A cambio, los Estados beneficiados se comprometerían a invertir ese dinero «en la reconstrucción ecológica y social».
