La OCDE mejora el crecimiento para España y pide mantener la reforma laboral

En su «Estudio Económico de España 2021», ya habla de un crecimiento del 5,7% en 2021 y del 4,8% en 2022

La OCDE ha elevado su previsión de crecimiento para la economía española al 5,9 % en 2021 y al 6,3 % en 2022, y ha pedido mantener los aspectos de la vigente legislación laboral que dan flexibilidad a las empresas, como la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial o el territorial.

En su «Estudio Económico de España 2021», publicado este jueves, señala que todavía hay mucha incertidumbre respecto a la evolución económica a corto plazo, pero que la aceleración del proceso de vacunación y el despliegue del plan de recuperación permiten mejorar las previsiones de crecimiento por encima de lo pronosticado en marzo (5,7 % para 2021 y 4,8 % para 2022).

El organismo considera crucial para la recuperación garantizar mecanismos de flexibilidad interna a las empresas para adaptarse a los efectos de la pandemia y agilizar el desembolso de las ayudas directas a empresas, incrementándolas si fuera necesario.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, ha hecho hincapié en rueda de prensa en la importancia de que las empresas tengan herramientas suficientes para adaptarse a cambios en la demanda o en la estructura de la economía en general.

En esta línea, la OCDE recomienda también promover procedimientos extrajudiciales de reestructuración de deuda para pymes -la mayoría del tejido productivo español- para evitar la liquidación injustificada de compañías viables con problemas coyunturales.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado que se tendrán en cuenta las consideraciones de la OCDE para construir «el mejor marco laboral posible» para que la recuperación económica sea rica en generación de empleo.

Para respaldar la recuperación, la OCDE sugiere mantener una política fiscal expansionista (más gasto público) hasta que la recuperación esté encarrilada, prolongando las medidas de apoyo pero cada vez más enfocadas en las áreas problemáticas.

Para cuando la recuperación se consolide reclama una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio plazo para corregir el elevado nivel de deuda pública.

PENSIONES

Dentro del desafío fiscal a largo plazo, la OCDE incluye la sostenibilidad del sistema de pensiones que cree que obliga a buscar medidas «socialmente aceptables» y recomienda vincular la edad legal de jubilación (67 años en 2027) con la esperanza de vida en el momento de la salida del mercado laboral.

Además, propone desincentivar la jubilación anticipada incrementando el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra.

A medio plazo, considera que hay margen para mejorar la fiscalidad y subir el impuesto que grava los combustibles para reflejar mejor las emisiones de dióxido de carbono (CO2), junto con medidas de redistribución a los hogares más pobres.

Respecto a una eventual reforma fiscal, dice que podría contribuir a rebajar el déficit -si se lleva a cabo junto con una mejora de la eficiencia del gasto público-, pero alerta de que debe esperar a que la recuperación económica esté firmemente asentada.

MERCADO LABORAL

El estudio incide en que la pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, a los poco cualificados y a los temporales, ante lo que reclama políticas activas de empleo más eficaces que permitan identificar demandantes de empleo en riesgo de convertirse en parados de larga duración.

Recomienda simplificar los tipos de contrato y aclarar las condiciones en las que se puede recurrir al contrato temporal, como para empleo estacional o para formación, así como centrar los incentivos a la contratación en grupos vulnerables específicos.

También ve preciso evaluar las repercusiones negativas que las «rápidas y acusadas» subidas del salario mínimo interprofesional han podido tener sobre el empleo de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados.

Asimismo, dice que hay que asegurarse de que los trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en los sectores más afectados por la pandemia hagan un uso eficaz de su prioridad en materia de formación.