La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha desembolsado este martes los 34 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra aún tenía pendientes de recibir de su rescate, después de que la Justicia diera marcha atrás al bloqueo y autorizara la entrega de este dinero como préstamo participativo.
Lo más importante: según informa el organismo en una nota de prensa, una vez completada la ayuda prevista, cuyo importe total asciende a los 53 millones de euros, el Fondo de Solvencia ha designado a la directora económico-financiera de la SEPI, María Jesús Álvarez, como observadora en los órganos de gobierno de la aerolínea. El desembolso se produce un día después de que el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid revocara el bloqueo de la segunda parte del rescate conforme al criterio de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, partidarias de levantar la cautelar al no apreciar delito y para evitar una situación de iliquidez a los clientes.
La medida había sido adoptada a finales de julio por la titular del juzgado, Esperanza Collazos, en el marco de la investigación por presunta malversación en la ayuda pública a Plus Ultra, aprobada por el Gobierno el pasado 9 de marzo.
Sin embargo, el juez en funciones de sustitución, Jaime Serret, admitió el recurso de la aerolínea, ya que, a falta del peritaje, avanzar que Plus Ultra no podrá devolver los 34 millones es «un riesgo hipotético». Además, apuntaba, mantener bloqueada esa cantidad supondría «la quiebra definitiva» de la compañía, con el perjuicio para los pasajeros.
Para la SEPI, «el desembolso completo de la ayuda puede permitir a esta compañía el cumplimiento de su plan de viabilidad» y «evitar un riesgo de insolvencia definitiva que la hubiera obligado a dejar de operar, generando un evidente perjuicio a sus clientes y acreedores». En este punto, se remite al auto dictado ayer por el juez, y resalta que la entrega del rescate al completo «facilitará la devolución de los préstamos a la Administración».
El organismo recuerda asimismo que, al margen de la reciente decisión del juzgado madrileño, existen «dictámenes de otras importantes instancias» que acreditan el trabajo llevado a cabo en esta operación por parte del Fondo de Solvencia. Entre ellos se encuentra el archivo por parte del Tribunal de Cuentas de la denuncia presentada por Ciudadanos, al entender que no había habido menoscabo para el erario pues los fondos se otorgaron mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial.
En opinión de ese tribunal, solo en el momento en que se incumpliera al vencimiento alguna obligación de devolución «podría producirse un daño real y efectivo». Todo ello «constata que se trata de una ayuda justificada que cumple con la normativa y que va a estar sometida a una fiscalización rigurosa a través de los pertinentes mecanismos de control ya existentes», concluye la SEPI.
