La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la cotización en bolsa de la minera Berkeley ante una reclamación sobre la compañía en relación con un pagaré. La decisión se toma de forma cautelar a la espera de que se resuelva el conflicto abierto por la compañía. Esta situación llega en pleno debate entre la empresa y el Ministerio de Transición Ecológica por la negativa de la concesión de permisos para la construcción de una mina de uranio en Retortillo, Salamanca.
La suspensión de la cotización ha tenido lugar además justo después de que Berkeley Energia Limited, matriz de Berkeley Minera, haya comunicado a la CNMV que la negociación de sus acciones en la Bolsa australiana se ha suspendido tras recibir una reclamación de Singapore Mining, subsidiaria del fondo estatal de inversiones de Omán, en relación con el contrato de inversión y pagaré convertible celebrados en 2017. Singapore Mining demanda el pago inmediato del montante principal de 65 millones dólares del pagaré convertible debido a las acusaciones de que el acuerdo de inversión y el pagaré convertible «se han frustrado, repudiado y/o ha ocurrido un evento de incumplimiento».
La compañía rechaza estas acusaciones y pide al fondo de Omán que las pruebe con hechos, mientras busca asesoramiento legal para este asunto. La minera precisaba en un comunicado a la CNMV que la suspensión de la cotización de las acciones de Berkeley en Australia no afectaría a la negociación de los valores ordinarios de la compañía en los mercados de Londres y España, si bien posteriormente su cotización ha sido suspendida en el mercado español.
El Ministerio y Berkeley, en guerra por la apertura de una mina en España
La compañía ha presentado un escrito de alegaciones complementarias al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el objetivo de «desmontar» el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que rechazó la autorización de la construcción de una mina de uranio en Retortillo, Salamanca. Según ha denunciado este martes la compañía, el CSN solicitó información y aplicó criterios sin amparo normativo y que, además, se corresponden con otras etapas futuras del proceso de autorización de la instalación de Retortillo, «pero no con la autorización de construcción, que es sobre lo que debía informar el CSN».
Berkeley considera que este argumento es manifiesto a la vista de los expedientes facilitados por el propio Ministerio respecto a las plantas de La Haba (Badajoz) y Saelices (Salamanca), propiedad de la antigua Jen y de Enusa, que fueron sometidas a procesos de licencia similares al de la planta de Retortillo al ser instalaciones radiactivas de primera categoría. «El análisis de dichos expedientes realizado por Berkeley ha revelado el trato discriminatorio que ha sufrido por parte del CSN al evaluar su proyecto, que ha supuesto la exigencia de multitud de requisitos que, sin embargo, se han obviado en los procedimientos de autorización de instalaciones similares», denuncia la empresa. En este sentido, Berkeley insiste que el informe negativo del CSN sobre la autorización de construcción de su proyecto en Retortillo se ha basado en información «que no se han requerido para otras instalaciones de la misma naturaleza en este momento procedimental».
La compañía concluye que el CSN «ha actuado fuera de la legalidad, perjudicándola gravemente al haber tratado su proyecto de una manera injustificadamente distinta, más estricta y más exigente en comparación con otros proyectos de la misma naturaleza».