El número total de horas efectivas semanales trabajadas en el conjunto de las Administraciones Públicas cayó un 1% entre el primer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2021 pese a haberse incrementado en un 5,12% la plantilla pública entre las citadas fechas, según datos oficiales contrastados por THE OBJECTIVE.
La comparación se realiza entre el inicio de 2019 y 2021 para eliminar la distorsión que la pandemia ocasionó en 2020, cuando se produjo el gran confinamiento, la mayor incidencia del teletrabajo y la reducción de algunos servicios al ciudadano.
Así, en el primer trimestre del ejercicio 2021, la nómina de empleados públicos ascendía a 2.710.405 efectivos, lo que supone un máximo de la serie histórica, frente a los 2.578.388 del inicio de 2019, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública recogidos en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Sin embargo, y pese a suponer estas cifras un aumento del 5,12% en el número de asalariados del sector público respecto a inicios de 2019, a comienzos de este año el número de horas efectivas trabajadas por semana se concreta en 101.038.200 frente a las 101.757.100 que ejecutaba una nómina pública inferior en 132.017 personas en el primer trimestre de 2019.
Los expertos consultados atribuyen esta situación a diversos factores: entre ellos, la mayor incidencia de empleo temporal en las Administraciones Públicas.
No en vano ahora los asalariados temporales de los distintos estamentos totalizan un 31,6% frente al 26,8% en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) materializados en la Encuesta de Población Activa (EPA).
En parte, explican las fuentes consultadas, esta precarización del empleo público se debe al esfuerzo llevado a cabo en la contratación de personal temporal en ámbitos como el sanitario o el educativo.
Sin ir más lejos, las quejas del colectivo por la temporalidad tomaron cuerpo este domingo en una manifestación de interinos procedentes de distintas provincias, que recibió con protestas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Torremolinos, antes de su intervención en el XVI Congreso del PSOE de Andalucía.
El Gobierno remacha que busca atajar la temporalidad en la contratación pública y redefinir el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En este sentido se pronunció la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, a finales de octubre, al presentar sus planes para las Administraciones Públicas de cara al próximo ejercicio, en consonancia con lo marcado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con las pretensiones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para el mercado laboral en términos generales.
En este contexto, el Gobierno ha anunciado una oferta de empleo público histórica en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, de 30.445 plazas, un 8,5% superior a la del ejercicio precedente, con una tasa de reposición del 110% en términos generales y del 120% en sectores prioritarios como los relativos al ámbito sanitario.
De los 2.710.405 empleados públicos totales que refleja el último boletín de plantilla pública dado a conocer por el Ministerio del ramo, 514.514 efectivos corresponden a la Administración del Estado (el 18,98%), siendo mayoritario el colectivo de asalariados públicos perteneciente a las autonomías, con 1.616.211 empleados (59,63%), y estando adscritos a las administraciones locales un total 579.680 trabajadores (el 21,39%).
Desde 2019, el mayor incremento de plantilla pública se ha producido en las autonomías, con un alza del 20,7% en dos años, frente a la subida del 1,3% en el mismo periodo registrada en la Administración estatal y al exiguo 0,7% de variación en la nómina de asalariados del conjunto de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares.
En este contexto, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se reclama la convocatoria de más plazas de funcionarios de la Administración General del Estado «para poder ofrecer mejor servicio a los ciudadanos y rejuvenecer las plantillas».
Subida salarial
Por otro lado, el Gobierno contempla en el proyecto presupuestario un alza salarial del 2% para los funcionarios, que causa malestar en el colectivo, al considerar que acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 10% desde 2010 y que la revalorización salarial del 0,9% que se les aplicó en 2021 se desacopla notablemente de datos de IPC como los actuales, del 5,5% en octubre, según el dato avanzado por el INE, cuya cota definitiva se conocerá este viernes.
Por ello, CSIF ha mantenido contactos con los partidos de la oposición para que introduzcan su demanda de una revalorización salarial en las enmiendas parciales al proyecto presupuestario.
