Las operadoras temen que el retraso en la ley de 'telecos' les deje sin 35 millones en beneficios fiscales

Las operadoras de telecomunicaciones españolas están preocupadas por el trámite de la Ley de Telecomunicaciones y el freno que se pondría a exenciones fiscales por valor de 35 millones de euros si es que el proyecto se eterniza en el Congreso, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes del sector.

Formalmente, el Proyecto de Ley debería entrar al Parlamento en las próximas semanas, pero no tendrá carácter de urgencia pese a que el anteproyecto se presentó a audiencia pública hace más de 14 meses. Con urgencia, el máximo tiempo que puede tardar sería de tres meses, pero por la vía normal lo mínimo son seis y eso sin enmiendas de otros grupos parlamentarios.

El Gobierno espera tramitar mediante una Orden Ministerial esta exención para reducir el pago de la tasa por reserva de espectro radioeléctrico a las empresas que desplieguen 5G. Es por ello que este beneficio fiscal no podría hacerse efectivo hasta que la nueva Ley de Telecomunicaciones se publique en el Boletín Oficial del Estado y, si esta tarda más de lo previsto, podría incluso hacerse efectiva después de diciembre de 2022.

Solo al estar publicada la norma se podrían incluir órdenes ministeriales y, al no ser retroactiva, las operadoras de telecomunicaciones (principalmente Telefónica, Vodafone y Orange, que son las que realizarán los despliegues de 5G) temen que estas extensiones fiscales se pierdan en 2022.

El retraso en la subasta de 5G -programada para el primer semestre de 2020 y que se realizó finalmente en junio de 2021- hizo que se perdiera la partida de este año 2021. La tasa es sobre espectro adjudicado, por lo que sin la última banda de 700 MHz no se podía activar formalmente la exención.

Hoja de Ruta 5G

El proyecto original contenido en el Plan de Conectividad indicó que las operadoras que invirtiesen en 5G tendrían una reducción en la tasa de reserva de espectro durante los años 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, en la Hoja de Ruta 5G presentada meses después la subvención ya solo incluía los años 2022 y 2023.

De esta manera, si se retrasa el trámite parlamentario de la Ley en 2022, incluso se podría perder un segundo año, dejando el plan en una subvención de apenas un curso, el de 2023. Al ser una subvención de carácter temporal, no está previsto que se extienda más años a partir de 2024.

Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil pagan unos 430 millones de euros en conjunto al año por esta tasa y tras la adjudicación de la última subasta 5G la cifra se situó en unos 480 millones de euros al año. Respecto de este montante, el Ministerio de Asuntos Económicos y la vicepresidenta Nadia Calviño se comprometieron a rebajar 35 millones de euros al año la carga impositiva para todas las operadoras, pero siempre que estuviese en vigor la Ley de Telecomunicaciones y su respectiva a Orden Ministerial.

De todos los anuncios del Ejecutivo en el marco del Plan de Rescate para las operadoras de telecomunicaciones, este es el que tiene el impacto más inmediato en las cuentas de las operadoras, de ahí la preocupación al ver la posibilidad de no poder incorporarla en sus cuentas de 2022.

Ya se perdieron 35 millones en 2021, que no se pudieron recortar de los impuestos pagados y no quieren perder otros 35 millones que se corresponderían a las extensiones de 2022. En total, empresas como Telefónica, Orange y Vodafone pagan entre 1.200 y 1.400 millones de euros en impuestos directos en España.

Burocracia administrativa

Esta es precisamente una de las grandes críticas de las operadoras que piden una racionalización de estos tributos, en especial las duplicidades que muchas veces existen entre tasas municipales, autonómicas y estatales.

Es por ello que el Gobierno lanzó un plan de ayuda al sector para dinamizar el impulso del 5G y unas inversiones que se estiman en 4.500 millones de euros. En este sentido, el plan de choque del Ejecutivo incluyó, además de la reducción de la tasa del espectro, la ampliación de las licencias de 5G de 20 a 40 años y el fin de la tasa RTVE para las telecos (el 0,9% de sus ingresos).

Volviendo a la tasa del espectro, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ultima los detalles del Proyecto de Ley que deberá ser validado este mes por el Consejo de Ministros. El texto ya pasó el examen del Consejo de Estado y solo se estarían haciendo pequeñas modificaciones para darle más rigor jurídico.

El problema es que, como pronto, la Ley entrará en el Congreso en diciembre. Si consideramos que el trámite medio de una ley en el Parlamento es de seis meses sin enmiendas, se corre el riesgo de que su aprobación definitiva se vaya a la segunda parte de 2021 y después de las vacaciones, en septiembre. Unos plazos que dejan la aprobación y su publicación en el BOE muy cerca del final de año.

Inexplicablemente, la Ley de Telecomunicaciones ha tardado mas de un año en salir de audiencia pública y ha tenido un trámite extremadamente lento hasta convertirse en Proyecto de Ley. En cualquier caso, en el sector no se critica la labor de la Secretaria de Estado, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.

Grupos parlamentarios

De hecho, se valora positivamente el trabajo del secretario de Estado, Roberto Sánchez, y sus esfuerzos por escuchar a todos los actores. El problema es la serie de procedimientos administrativos que se han retrasado posiblemente porque durante todo este 2021 la Administración se ha volcado casi exclusivamente a gestionar la burocracia para la llegada de los fondos europeos, montando convocatorias y procedimientos para distribuir las partidas.

Es así como desde el sector se pide a los grupos parlamentarios que el trámite no sea demasiado extenso, ya que se trata de un texto que ya ha pasado el filtro de todos los actores y que además cuenta el apoyo de todos los afectados.