Los interinos llevan a Bruselas su malestar por la temporalidad en la Administración

Representantes de sindicatos y plataformas de trabajadores interinos de las administraciones públicas se concentran desde hoy ante la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, para exigir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la transposición de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.

Los trabajadores públicos temporales han recurrido a esta medida para denunciar que el proyecto de ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público sigue sin cumplir con las sentencias del TJUE y sin transponer la directiva, según informan los interinos en un comunicado. El proyecto de ley se encuentra en proceso de debate en el Congreso de los Diputados.

Las movilizaciones en Bruselas se mantendrán hasta el día 18, de 12 a 14 horas. Además, las organizaciones, entre las que se encuentra el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa), han solicitado entrevistas con los representantes de los distintos grupos políticos para exponerles el incumplimiento de España.

En este sentido, denuncian que España lleva décadas aplicando la contratación temporal en el empleo público «sin ningún rubor» para cubrir plazas estructurales con contratos temporales en lugar de fijos.

«La única propuesta hasta ahora ha sido convocar oposiciones, un sistema que ni compensa a las víctimas del abuso ni sanciona a los responsables, y que puede dejar además en el paro y sin indemnización a miles de afectados (800.000 en toda España)», exponen en su comunicado.

Del mismo modo, exigen estabilidad mediante la fijeza para los empleados que llevan más de tres años -el límite legal- con contratos temporales y la paralización de las Ofertas de Empleo Público convocadas hasta que se realice esta estabilización, para que ningún abusado pierda su empleo.

Los convocantes de la protesta también advierten en su comunicado de que este incumplimiento puede amenazar la consecución de los fondos europeos.